La Universidad aplicará un examen presencial de control, mientras investiga posibles ayudas externas, fallas tecnológicas y responsabilidades internas.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Universidad Nacional Autónoma de México rescindió su relación contractual con Territorium y ordenó nuevas revisiones sobre el examen de ingreso a licenciatura, aunque todavía no ha publicado un dictamen técnico que determine si las anomalías fueron causadas por aspirantes, deficiencias tecnológicas, incumplimientos empresariales o fallas de supervisión institucional.
La controversia corresponde al Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1, cuya evaluación se aplicó en línea entre el 23 de mayo y el 10 de junio. Los resultados fueron difundidos el 17 de julio, pero cuatro días después el rector Leonardo Lomelí solicitó un informe detallado sobre la aplicación, el comportamiento de las calificaciones y los factores que pudieron influir en el desempeño.
La revisión no afecta automáticamente todos los mecanismos de ingreso a la Universidad. El proceso cuestionado debe distinguirse del pase reglamentado, la admisión al bachillerato y otros procedimientos internos de selección, aunque puede involucrar aspirantes de las modalidades escolarizada, abierta y a distancia incluidos en el concurso en línea.
Las anomalías modificaron el calendario previsto para quienes ingresarían por primera vez. El comienzo de clases para ese grupo fue proyectado para el 31 de agosto, mientras los estudiantes que ya cursaban una licenciatura regresarían el 17 de agosto.
¿Qué anomalías identificó la UNAM?
La Comisión Técnica creada por la Universidad detectó patrones que podrían indicar que un número importante de participantes recibió ayuda externa durante el examen. Las dudas se relacionan con la autenticidad del desempeño, posibles ventajas indebidas y resultados que requieren una validación adicional.
La UNAM ha hablado de una probabilidad de ayuda indebida, no de un fraude generalizado comprobado. Tampoco ha informado públicamente cuántas personas incurrieron en irregularidades ni ha presentado pruebas individualizadas contra todos los aspirantes convocados.
El rector reconoció que algunas personas obtuvieron legítimamente su lugar y, aun así, tendrán que presentar una evaluación presencial. La Universidad sostiene que el ejercicio no constituye un nuevo concurso, sino una prueba de control para verificar que las calificaciones reflejen el desempeño real de cada participante.
La institución no anunció la anulación total del examen ni la cancelación universal de los resultados publicados el 17 de julio. El proceso permanece bajo revisión y la confirmación definitiva del ingreso dependerá de las medidas de control que se apliquen a las personas convocadas.
Obtener una calificación elevada tampoco demuestra por sí mismo la existencia de trampa. Una determinación individual requeriría analizar tiempos de respuesta, patrones coincidentes, registros audiovisuales, conexiones simultáneas, identidad del participante, uso de programas no autorizados y posibles diferencias frente al examen presencial.
¿Qué responsabilidad tenía Territorium?
La Plataforma Universitaria de Transparencia documenta un contrato de prestación de servicios y dos convenios modificatorios celebrados en 2025 entre la UNAM y Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. Los instrumentos contemplaban una plataforma para aplicar exámenes en línea y medidas destinadas a proteger reactivos, verificar identidades y conservar evidencias de posibles irregularidades.
La existencia de obligaciones técnicas no demuestra que la empresa las haya cumplido ni que las anomalías sean exclusivamente atribuibles al proveedor. También deben analizarse la configuración utilizada, la supervisión humana, el diseño de la evaluación, los criterios de revisión y las decisiones adoptadas por las áreas universitarias responsables.
Una conducta irregular del aspirante, una vulnerabilidad tecnológica, un incumplimiento contractual y un delito empresarial constituyen hipótesis distintas. Para atribuir una actuación fraudulenta a Territorium sería necesario acreditar que la compañía alteró resultados, entregó respuestas, facilitó deliberadamente una suplantación o participó de manera consciente en la manipulación del proceso.
Hasta ahora, la UNAM no ha publicado un informe que demuestre alguna de esas conductas. Tampoco existe información pública suficiente para afirmar que la inteligencia artificial seleccionó a los estudiantes o que la plataforma decidió quién obtenía un lugar.
Territorium habría proporcionado la infraestructura para aplicar y vigilar la evaluación, pero las reglas de selección, la oferta de espacios, la calificación, el cumplimiento documental y la validación final corresponden a la Universidad. La responsabilidad institucional sobre la integridad del concurso no desaparece por la contratación de un proveedor tecnológico.
La empresa también debe contar con derecho de respuesta para explicar qué controles instaló, cuántos incidentes detectó, cuándo entregó los reportes, qué obligaciones correspondían a la Universidad y bajo qué condiciones terminó la relación contractual.
¿Qué pueden determinar las auditorías?
La UNAM anunció revisiones internas y externas para esclarecer el proceso, analizar la contratación y deslindar posibles responsabilidades. Sin embargo, la solicitud de una auditoría no significa que ya se hayan comprobado daños al erario, irregularidades administrativas o delitos.
La Auditoría Superior de la Federación puede revisar el uso de recursos federales, el procedimiento de contratación, los pagos efectuados, el cumplimiento financiero y posibles responsabilidades vinculadas con el gasto. Sus conclusiones deberán formalizarse mediante los informes correspondientes.
Ese organismo no puede resolver por sí solo si un aspirante recibió ayuda, si una respuesta fue elaborada mediante inteligencia artificial o si una calificación es académicamente válida. Esos aspectos requieren análisis psicométricos, peritajes informáticos, revisión de registros y aplicación de la normativa universitaria.
La documentación revisada confirma que existieron un contrato y dos modificaciones, pero no permite establecer con certeza el monto total pagado específicamente por el concurso de licenciatura de 2026. Para determinarlo sería necesario identificar el número del instrumento, su vigencia, los importes iniciales y modificados, el IVA, los pagos realizados y el objeto de cada servicio.
También debe aclararse cómo un contrato firmado en 2025 cubrió las evaluaciones efectuadas en 2026, si su vigencia fue ampliada, si se celebró otro instrumento o si el servicio quedó comprendido en alguno de los convenios modificatorios.
La reserva parcial de información sobre mecanismos de seguridad no constituye por sí misma una irregularidad. Evitar la divulgación de parámetros capaces de facilitar la filtración de reactivos o la evasión de controles puede tener una justificación técnica, aunque los montos, obligaciones generales, penalizaciones, indicadores de cumplimiento y pagos deben permanecer sujetos a fiscalización.
¿Qué derechos tienen los aspirantes?
El examen presencial reduce riesgos asociados con el uso de dispositivos externos, la asistencia de terceros y la suplantación remota, pero genera otros desafíos relacionados con traslados, accesibilidad, igualdad entre sedes, protección de reactivos y comparabilidad con la evaluación original.
La Universidad deberá explicar qué diferencias entre ambas pruebas serán consideradas aceptables y qué evidencia se utilizará para confirmar o cancelar un resultado. Sin una metodología clara, existe el riesgo de afectar a personas que obtuvieron calificaciones sobresalientes mediante su propio esfuerzo.
Los aspirantes podrían cuestionar el cambio posterior de condiciones, los gastos de traslado, la ausencia de una motivación individual o las afectaciones al calendario académico. La solidez jurídica del examen de control dependerá del fundamento normativo, la igualdad en su aplicación y la existencia de mecanismos de revisión.
La convocatoria original ya establecía procedimientos para solicitar la revisión de resultados y para que las personas cuya participación hubiera sido cancelada conocieran las evidencias correspondientes. La crisis posterior indica que las dudas institucionales rebasaron los casos detectados inicialmente.
El examen presencial puede ayudar a validar el desempeño, pero no sustituye las investigaciones tecnológica, contractual y administrativa. El informe final deberá precisar qué falló, cuándo fueron detectadas las anomalías, quién tenía la obligación de corregirlas y por qué el proceso llegó hasta la publicación de resultados sin resolverlas.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota? No dudes en enviarnos un correo
