La presidenta afirmó que no tenía conocimiento sobre acciones de la UIF y señaló que el organismo actúa con criterios técnicos
Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó que se aclare la información relacionada con el presunto congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez y de otros funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal aseguró que hasta ese momento no contaba con información oficial sobre alguna acción emprendida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“No tengo el conocimiento en particular de la UIF”
Sheinbaum indicó que la UIF opera bajo criterios técnicos y que, en caso de detectar irregularidades financieras, procede conforme a sus facultades legales.
“Si encuentra alguna irregularidad, procede”
De acuerdo con reportes difundidos este viernes, la UIF habría ordenado el congelamiento de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros funcionarios y exfuncionarios acusados por autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La información vertida por el digital EMME EQUIS señala que la medida habría sido emitida mediante el acuerdo 156/2026 (sic) – 152/2026 se lee en las imágenes – y distribuida al sistema financiero nacional a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), obligando a instituciones bancarias a suspender operaciones relacionadas con las personas señaladas.
Entre los señalados aparecen Rubén Rocha Moya y sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, además del senador Enrique Inzunza Cázares y diversos mandos de seguridad pública y procuración de justicia de Sinaloa.
La presidenta agregó que solicitará información para que, en su momento, las autoridades correspondientes aclaren públicamente la situación.
Las investigaciones abiertas en una Corte de Nueva York señalan la existencia de una presunta red de protección política, policial y financiera vinculada con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Entre los acusados también figuran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y mandos policiacos estatales y municipales.
Según las acusaciones estadounidenses, algunos funcionarios habrían recibido pagos mensuales a cambio de facilitar operaciones del grupo criminal, alertar sobre operativos o garantizar protección institucional.
El caso ocurre en medio de la presión política y judicial derivada de las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses señalados de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
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