Comisión Anticorrupción avaló investigar presuntas violaciones electorales durante el proceso federal de 2024
Monterrey, NL. (ADN/Staff) – La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó reabrir las investigaciones para iniciar juicios políticos contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso electoral federal de 2024.
La decisión fue avalada con seis votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, lo que permitirá al Poder Legislativo estatal avanzar en diligencias y requerimientos de información a distintas dependencias del gobierno estatal.
Los expedientes abiertos están relacionados con presuntas violaciones al principio de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda electoral federal.
De acuerdo con la resolución de la comisión legislativa, las investigaciones derivan de una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 16 de octubre de 2024.
En esa resolución, el Tribunal concluyó que Samuel García incurrió en infracciones electorales al favorecer públicamente la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez, entonces aspirante de Movimiento Ciudadano.
Entre las conductas señaladas se encuentran publicaciones realizadas por el mandatario estatal en redes sociales relacionadas con la campaña presidencial y expresiones públicas de apoyo al candidato emecista.
Uno de los señalamientos incluye la difusión de mensajes en Instagram donde el gobernador ofreció rifar una camioneta Cybertruck si Álvarez Máynez superaba electoralmente a Xóchitl Gálvez.
El segundo expediente abierto está relacionado con presuntas intervenciones indebidas en la elección al Senado de la República, específicamente en apoyo a la fórmula integrada por Luis Donaldo Colosio y Martha Herrera.
La Comisión Anticorrupción informó que solicitará documentación y pruebas a distintas áreas del gobierno estatal para determinar si existen elementos suficientes para avanzar formalmente con el procedimiento de juicio político.
El Congreso de Nuevo León deberá analizar posteriormente los resultados de la investigación para definir si procede sancionar políticamente al gobernador.
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