La agenda de seguridad y combate al narcotráfico se perfila como factor clave en la negociación comercial de 2026.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Las exigencias de Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y presunta colusión de funcionarios públicos con el crimen organizado impactan el ambiente previo a la revisión del T-MEC, prevista para este 2026.
Especialistas consultados señalaron que Washington ha vinculado la agenda comercial con temas de seguridad nacional, tráfico de drogas, violencia e investigaciones sobre redes de protección política a grupos criminales.
Brenda Estefan Martínez, analista internacional y exfuncionaria en temas de seguridad de la Embajada de México en Washington, advirtió que Estados Unidos no solo exige resultados contra líderes criminales, sino también contra quienes presuntamente los protegen desde cargos públicos.
“Los grupos delictivos lastiman profundamente el sector privado estadounidense, de ahí la explicación del endurecimiento de la relación binacional”.
La especialista consideró que la posición de México se complica ante la dependencia económica con Estados Unidos y la falta de una estrategia diplomática capaz de separar la negociación comercial de la agenda de seguridad.
Andrés Morales, investigador de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, sostuvo que el gobierno estadounidense busca llegar con ventaja al proceso de revisión del acuerdo, al argumentar que la inseguridad y la corrupción afectan cadenas de suministro e inversiones.
El especialista señaló que México ha intentado mantener la revisión del T-MEC centrada en reglas de origen, aranceles y certidumbre económica, aunque la presión estadounidense pesa sobre el entorno diplomático.
“Hay que entender que nuestra dependencia económica nos tiene en una situación de desventaja frente a Estados Unidos”.
El criminólogo Jesús Hernández consideró que la seguridad se ha convertido en un instrumento de presión política para Estados Unidos, aun cuando reconoció avances del gobierno mexicano en el combate al crimen organizado.
Hernández añadió que conflictos como el de Sinaloa alimentan una percepción negativa sobre la eficacia institucional y fortalecen los argumentos de Washington para exigir acciones más contundentes contra los cárteles y sus presuntas redes de protección.
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