La Fiscalía CDMX acusa a dos operadores de una academia de contestar exámenes por aspirantes; al menos nueve pruebas fueron vinculadas técnicamente con sus instalaciones.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La investigación sobre las trampas detectadas en el examen de ingreso en línea de la UNAM dio un giro hacia un posible esquema organizado, después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuviera a dos hombres señalados por cobrar a aspirantes para responder la evaluación en su lugar.
Excélsior colocó el caso entre sus principales temas de este 26 de agosto bajo el encabezado “Detienen a 2 por facilitar trampas en exámenes”.
Los detenidos, identificados como Edgar “N” y David “N”, habrían operado desde las instalaciones de una academia de preparación universitaria y utilizado equipos de cómputo para resolver distintos exámenes mientras los aspirantes simulaban realizar personalmente la prueba.
De acuerdo con la investigación, la UNAM proporcionó información técnica sobre al menos nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias e irregularidades en los datos de conexión, elementos que permitieron ubicar evaluaciones realizadas desde un mismo punto operativo.
La indagatoria también contempla la posible participación de más personas, incluidos instructores relacionados con la academia, aunque hasta ahora no se ha acreditado públicamente la responsabilidad de otros colaboradores ni se ha informado el número total de aspirantes involucrados.
El caso modifica la dimensión del fraude detectado durante el proceso de admisión. La hipótesis ya no apunta únicamente a estudiantes que utilizaron celulares, inteligencia artificial o ayuda externa para responder preguntas, sino a un posible servicio organizado y remunerado para suplantar aspirantes y resolver exámenes de manera remota.
La investigación ocurre después de que la UNAM detectara resultados estadísticamente atípicos en su examen de ingreso en línea y convocara a miles de aspirantes a una evaluación presencial de control. Esas anomalías, sin embargo, no constituyen por sí mismas una prueba individual de fraude.
La existencia de dos detenidos tampoco determina su culpabilidad. Ambos deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente y las acusaciones deberán ser acreditadas ante un juez.
El expediente también mantiene abiertas preguntas sobre el diseño tecnológico del examen. Si terceras personas lograron responder evaluaciones en nombre de aspirantes, será necesario establecer cómo fueron vulnerados los mecanismos de autenticación, supervisión y control de identidad implementados para la prueba.
La participación de una plataforma tecnológica en el proceso de admisión tampoco implica por sí misma responsabilidad penal o complicidad en el fraude. La investigación deberá separar la conducta de quienes presuntamente ofrecieron el servicio de las posibles fallas administrativas o técnicas que pudieron facilitarlo.
Hasta ahora no se ha informado públicamente cuánto cobraban los presuntos operadores, cuántos aspirantes contrataron el servicio ni si el mismo mecanismo fue utilizado en procesos de admisión de otras instituciones educativas.
El caso abre así dos líneas distintas de responsabilidad: quiénes organizaron y pagaron las trampas, y por qué los controles del examen en línea permitieron que otra persona pudiera responder una evaluación en nombre del aspirante.
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