Hay violencias que dejan moretones. Otras dejan miedo, silencio, dependencia y una sensación permanente de no poder decidir sobre la propia vida.La violencia económica pertenece a esta segunda categoría.
Y quizá por eso resulta tan peligrosa; porque muchas veces no se reconoce como violencia.
Se disfraza de ayuda, de autoridad, de oportunidad, de favor, de contrato, de trámite, de requisito, de negociación o, incluso, de ”así funcionan las cosas”.
Vivimos en una sociedad donde el dinero dejó de ser solamente un instrumento para satisfacer necesidades.
Se convirtió, demasiadas veces, en un mecanismo para imponer voluntades.
Quien controla el dinero puede controlar decisiones.
Quien administra los recursos puede condicionar conductas. Quien tiene la posibilidad de contratar, pagar, financiar, autorizar o cancelar puede ejercer un poder enorme sobre quien depende de ese recurso.
Y ahí comienza el problema.
El dinero como mecanismo de sometimiento
Lo vemos dentro de las familias.
En una pareja, cuando uno de sus integrantes controla completamente el ingreso y utiliza esa condición para impedir que el otro trabaje, disponer libremente de sus recursos, decidir qué puede comprar o incluso amenazar con dejarlo sin dinero.
Lo vemos entre padres e hijos cuando el apoyo económico se convierte en una herramienta de chantaje; ”si no haces lo que quiero, no te ayudo”.
Lo vemos entre familiares y amigos cuando un préstamo termina convirtiéndose en una forma de subordinación.
Pero la dimensión más preocupante aparece cuando esa misma lógica abandona el ámbito privado y se instala en las instituciones.
Porque una cosa es que una persona utilice su dinero para controlar a otra.
Otra, mucho más grave, es que una institución, una empresa, un organismo o un gobierno utilice recursos, contratos, permisos, programas, empleos o presupuestos para premiar la obediencia y castigar la discrepancia.
Eso ya no es solamente un problema económico.
Es un problema de poder.
Juárez conoce demasiado bien el precio de la dependencia
Ciudad Juárez es una ciudad que vive de su capacidad económica, particularmente de la industria, el comercio y los servicios.
Pero detrás de los indicadores de empleo existe una realidad que no siempre aparece en los discursos triunfalistas.
En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral de Ciudad Juárez fue de 28.5 por ciento, de acuerdo con INEGI.
Es decir, prácticamente tres de cada diez personas ocupadas enfrentaban condiciones laborales sin la protección asociada al empleo formal.
Esto importa porque la autonomía económica también es una forma de libertad.
Una persona sin ingreso estable tiene menos capacidad para abandonar una relación abusiva, denunciar una irregularidad, rechazar una condición laboral injusta o enfrentar a quien tiene capacidad de quitarle su fuente de sustento.
La dependencia económica reduce el margen de decisión.
Y cuando millones de decisiones individuales están condicionadas por la necesidad económica, una sociedad entera se vuelve más vulnerable al abuso.
En Chihuahua, la ENDIREH 2021 encontró que 30.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más había experimentado violencia económica, patrimonial o discriminación a lo largo de su vida; durante los 12 meses previos al levantamiento, la proporción fue de 17.3 por ciento.
No estamos hablando de casos aislados.
Estamos hablando de una estructura de relaciones en la que el dinero puede convertirse en instrumento de dominación.
Pero hay una violencia económica todavía más sofisticada
Es aquella que se ejerce desde las estructuras de poder.
Cuando un gobierno distribuye recursos sin reglas claras.
Cuando una institución condiciona un beneficio a la cercanía política.
Cuando una empresa utiliza su capacidad económica para silenciar una denuncia.
Cuando un organismo entrega contratos a cambio de lealtades.
Cuando un proveedor sabe que debe “cooperar” para conservar un contrato.
Cuando una persona necesita pagar para recibir aquello que legalmente debería obtener mediante un trámite.
Cuando un funcionario convierte una autorización pública en una oportunidad privada.
Ahí aparecen palabras incómodas que preferimos pronunciar en voz baja; chantaje, tráfico de influencias, extorsión, cohecho, favoritismo y corrupción.
Y todas tienen algo en común; alguien utiliza una posición de poder para obtener una ventaja que no debería obtener.
El dato que debería preocuparnos
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI muestra una realidad particularmente dura para Chihuahua.
En 2023, la entidad registró una tasa de 21 mil 891 víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes entre quienes tuvieron contacto con servidores públicos, frente a una tasa nacional de 13 mil 966.
Chihuahua se ubicó, de acuerdo con este indicador, entre las entidades con mayor prevalencia de corrupción.
Más revelador todavía: 84 por ciento de la población en Chihuahua consideró frecuente la corrupción, frente a 83.1 por ciento a nivel nacional.
El problema, entonces, no es solamente cuánto dinero se pierde.
Es cuánto se pierde en confianza.
Porque cuando una persona piensa que para obtener un trámite necesita conocer a alguien, pagar a alguien o negociar por debajo de la mesa, deja de creer en las reglas.
Y una sociedad sin confianza termina pagando un impuesto invisible.
¿Cuánto nos cuesta la violencia económica?
Nos cuesta contratos más caros.
Obras que no necesariamente son las prioritarias.
Empresas que dejan de competir en igualdad de condiciones.
Emprendedores que abandonan proyectos porque no tienen padrinos.
Ciudadanos que dejan de denunciar porque temen perder un empleo, un contrato o un beneficio.
Familias que permanecen atrapadas en relaciones violentas porque no tienen independencia económica.
Jóvenes que aceptan condiciones laborales precarias porque no tienen alternativas.
Organizaciones sociales que moderan sus críticas porque dependen de recursos públicos o privados.
Y medios de comunicación que, en algunos casos, terminan condicionando su agenda a quien paga la publicidad.
Ese es uno de los rostros más perversos de la violencia económica; no necesita prohibir la libertad; basta con hacerla demasiado cara.
Juárez también está pagando lo que hemos dejado de construir
El problema de la pobreza demuestra que el dinero no solamente determina cuánto podemos comprar. Determina también cuánto podemos acceder a derechos.
Datos de CONEVAL utilizados en análisis locales han documentado que cientos de miles de juarenses han vivido en condiciones de pobreza y que la insuficiencia de ingresos se encuentra estrechamente vinculada con otras carencias sociales.
Por eso resulta insuficiente hablar de crecimiento económico sin preguntarnos.
¿Crecimiento para quién?
¿Quién decide dónde se invierte?
¿Quién determina qué obra es prioritaria?
¿Quién recibe los contratos?
¿Quién tiene acceso a financiamiento?
¿Quién puede influir en las decisiones?
¿Quién puede decir que no?
Porque el verdadero poder económico no consiste solamente en tener dinero.
Consiste en tener capacidad de decisión sobre el dinero de los demás.
La corrupción también es violencia
Hay quienes consideran que la corrupción es solamente un delito administrativo o un problema de funcionarios deshonestos.
Es mucho más que eso.
La corrupción tiene víctimas.
Cuando alguien paga un soborno para acelerar un trámite, otro ciudadano puede quedar al final de la fila.
Cuando una empresa obtiene un contrato mediante influencias, otra empresa pierde una oportunidad de competir.
Cuando una obra se encarece artificialmente, ese dinero deja de financiar otra necesidad.
Cuando un recurso público se desvía, una escuela, una calle, una clínica, un parque o un programa social puede quedarse sin él.
Por eso el cohecho no es un acto sin víctimas.
Cada peso obtenido indebidamente tiene un costo social.
Y ese costo puede ser una oportunidad perdida para alguien más.
Lo que hemos perdido
Quizá la mayor pérdida no sea económica.
Hemos perdido la capacidad de creer que las cosas pueden hacerse de manera distinta.
Hemos normalizado el “hay que conocer a alguien”.
El “así se arregla”.
El “si quieres que salga, hay que cooperar”.
El “no te metas porque vas a perder”.
El “agradece que te están dando trabajo”.
El “si quieres el contrato, sabes cómo funciona”.
Y cada vez que aceptamos esas frases como parte natural de la vida, ampliamos el territorio de la violencia económica.
La normalización es el combustible del abuso.
Romper el círculo
Ciudad Juárez no necesita solamente más dinero.
Necesita mejor distribución del poder económico.
Necesita instituciones capaces de resistir presiones.
Necesita transparencia que permita saber quién recibe los contratos, cuánto reciben, bajo qué criterios y con qué resultados.
Necesita procesos públicos donde la competencia sea real.
Necesita mecanismos efectivos para denunciar corrupción sin poner en riesgo el empleo o el patrimonio de quien denuncia.
Necesita empresas que entiendan que la responsabilidad social no consiste únicamente en donar.
Y necesita ciudadanos que comprendan que exigir transparencia no es confrontar al gobierno: es defender el dinero de todos.
La violencia económica empieza en casa, pero puede terminar instalada en una oficina pública, en una empresa, en un consejo, en un sindicato, en una institución o en una estructura completa de poder.
Y ahí debemos ser mucho más críticos.
Porque cuando el dinero sirve para ayudar, genera bienestar.
Cuando sirve para invertir, genera oportunidades.
Cuando sirve para garantizar derechos, genera justicia.
Pero cuando se utiliza para doblar voluntades, comprar silencios, condicionar decisiones o imponer intereses, el dinero deja de ser recurso y se convierte en arma.
Y una ciudad que permite que el dinero compre voluntades termina pagando mucho más que una cantidad de pesos.
Paga con su confianza.
Paga con sus oportunidades.
Paga con sus derechos.
Y, finalmente, paga con algo mucho más difícil de recuperar; la libertad de decir que no.
Guadalupe Parada Gasson
Economista, experta en comercio exterior, periodista y docente con amplia trayectoria en sectores público y privado. Ha dirigido medios impresos y digitales, liderado proyectos de comunicación y formación, y se ha desempeñado en ventas, publicidad y relaciones públicas. Destaca por su perfil multidisciplinario, visión estratégica y compromiso con la gestión social y educativa. Recientemente presidenta de Rotary Club Juárez Real (2023–2024).
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