El abogado de la gobernadora afirmó que la Fiscalía pretendía colocarla en una situación “preimputativa” mediante un citatorio ambiguo y sin precisión jurídica
Ciudad de México (ADN/Staff) – Roberto Gil Zuarth, abogado defensor de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de intentar someter de manera inconstitucional a la mandataria estatal a un acto de investigación penal mediante un citatorio que calificó como ambiguo, inconsistente y carente de sustento jurídico.
Durante una rueda de prensa realizada afuera de las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México, Gil explicó que la gobernadora acudió únicamente porque el propio documento establecía ese domicilio para la presentación de escritos y objeciones.
“La gobernadora está aquí por una simple y sencilla razón: es el domicilio específico que el citatorio señala para presentar escritos y objeciones”, afirmó.
El exsenador sostuvo que la defensa respondió formalmente al citatorio para rechazar lo que consideró una intención de generar una condición “preimputativa” contra Campos Galván.
“Estamos dando puntual respuesta a la intención inconstitucional de la Fiscalía General de la República de sujetar a la gobernadora a un acto de investigación”, señaló.
Gil Zuarth aseguró que el Ministerio Público Federal carece de facultades para imponer actos de molestia a una gobernadora en funciones, debido a la protección constitucional derivada del fuero.
“No reconocemos la facultad de ningún Ministerio Público para imponer actos de molestia, en calidad de testigo o inculpada, a la gobernadora del estado de Chihuahua”, declaró.
El abogado afirmó que la inmunidad constitucional existe precisamente para impedir actos de hostigamiento político y penal contra funcionarios públicos, particularmente de oposición.
“La inmunidad constitucional sirve precisamente para resistir este tipo de hostigamientos penales”, sostuvo.
Durante su posicionamiento, Gil también criticó severamente el contenido del citatorio emitido por la FGR y acusó falta de precisión mínima en torno a los hechos investigados.
“El oficio ni siquiera insinúa qué se investiga. No sabemos si el Ministerio Público quiere hablar del crimen organizado o de la final Cruz Azul-Pumas”, expresó.
El abogado señaló además que, si la autoridad federal requiere información oficial relacionada con el gobierno de Chihuahua, existen canales institucionales y mecanismos de colaboración entre autoridades plenamente establecidos en la ley.
La defensa insistió en que la gobernadora está dispuesta a colaborar institucionalmente, pero no aceptará actuaciones que consideren violatorias del marco constitucional.
“Para cualquier colaboración, requerimiento o información existen mecanismos institucionales que definen la relación entre autoridad y autoridad”, afirmó.
La comparecencia de Campos Galván y la postura de su defensa ocurren en medio del conflicto político y jurídico generado tras las investigaciones federales abiertas por el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, así como por las solicitudes de juicio político promovidas por diputados de Morena.
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