La relación entre México y Estados Unidos parece entrar en una de sus etapas más delicadas en décadas. Lo preocupante ya no es solamente el narcotráfico, ni siquiera la violencia cotidiana que desde hace años ha normalizado el horror en amplias regiones del país. Lo verdaderamente grave es que en Washington comienza a consolidarse una percepción mucho más profunda: la de un Estado infiltrado, debilitado y, en algunos casos, protector de estructuras criminales.
La narrativa estadounidense cambió. Ya no se habla únicamente de cárteles dedicados al tráfico de drogas, sino de organizaciones terroristas con capacidad de controlar territorios, infiltrar gobiernos, intimidar autoridades y desafiar al propio Estado mexicano. Esa clasificación realizada por Estados Unidos tiene implicaciones enormes, no sólo jurídicas, sino también políticas, financieras y diplomáticas.
En ese contexto, la presión sobre México crecerá inevitablemente.
Las sanciones financieras recientes, las investigaciones sobre redes de lavado de dinero, las declaraciones de Donald Trump y de miembros de su entorno, así como las constantes referencias a la “narcopolítica”, muestran que Washington prepara un endurecimiento sostenido de su postura hacia México. Y todo indica que esto apenas comienza.
El problema para el gobierno mexicano es que enfrenta esta crisis con una credibilidad profundamente erosionada.
Una parte importante de la sociedad comienza a percibir que el discurso oficial ya no coincide con la realidad cotidiana. Mientras el gobierno insiste en hablar de transformación y soberanía, millones de mexicanos observan desplazamientos forzados, extorsiones, desapariciones, fosas clandestinas, regiones controladas por el crimen organizado y una impunidad prácticamente absoluta.
Cada vez más ciudadanos perciben además que Morena ha dejado de combatir frontalmente a ciertas estructuras criminales y que, en distintos niveles del poder, existe protección política, tolerancia o complicidad. Esa percepción, independientemente de los procesos judiciales que puedan o no existir, resulta devastadora para la confianza institucional.
El desgaste también alcanza a la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque mantiene respaldo político, enfrenta crecientes dudas sobre su capacidad real para deslindarse de grupos de poder heredados, contener la crisis de seguridad y recuperar la confianza tanto nacional como internacional.
Mientras tanto, Estados Unidos parece avanzar hacia un modelo de presión integral: inteligencia, sanciones financieras, cancelación de visas, persecución patrimonial, cooperación militar ampliada y posibles acusaciones contra actores políticos o empresariales vinculados al crimen organizado.
México se encuentra así en una situación extremadamente peligrosa. Porque cuando un país pierde credibilidad frente a su principal socio comercial y de seguridad, las consecuencias dejan de ser solamente diplomáticas y comienzan a afectar inversión, estabilidad financiera, gobernabilidad y confianza social.
Lo más preocupante es que el país parece caminar hacia esa tormenta sin una estrategia clara, sin autocrítica y sin reconocer plenamente la magnitud del problema.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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