La reserva impulsada por Edith Palma buscaba incorporar este derecho de forma explícita en la Constitución de Chihuahua.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La mayoría legislativa integrada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde rechazó una reserva presentada por la diputada de Morena, Edith Palma Ontiveros, que buscaba garantizar de manera expresa en la Constitución de Chihuahua la representación política de los pueblos y comunidades indígenas tanto en el Congreso del Estado como en los ayuntamientos.
La propuesta formó parte de la discusión de la reforma electoral y tenía como propósito establecer en el texto constitucional la obligación de asegurar espacios de representación para los pueblos originarios en los distintos niveles de gobierno estatal y municipal.
La legisladora argumentó que la iniciativa surgió de un proceso de consulta previa, libre e informada realizado en diversas regiones del estado, en el que participaron representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes.
De acuerdo con la información presentada, en las consultas participaron más de mil 495 representantes de pueblos Rarámuri, Ódami, Warijó, Pima, N’nee/N’dee/Ndé (Apaches), Náhuatl, Mazahua, Chinanteca, Zapoteco, Mixteco, Purépecha y Wixárika, entre otros.
A partir de ese ejercicio se elaboró una propuesta que contemplaba dos ejes principales: garantizar la presencia de diputadas y diputados indígenas en el Congreso local y asegurar también su representación en los cabildos municipales.
Sin embargo, durante el proceso legislativo, el dictamen aprobado en comisiones mantuvo únicamente disposiciones relacionadas con la representación indígena en los ayuntamientos, dejando fuera los mecanismos propuestos para el Poder Legislativo estatal.
La reserva promovida por Palma Ontiveros pretendía reincorporar ese componente y establecer de manera explícita en la Constitución la obligación de garantizar representación política indígena en ambos niveles de gobierno bajo principios de igualdad y no discriminación.
“La propuesta buscaba que la representación política indígena quedara garantizada de manera clara en la Constitución y no dependiera de interpretaciones o disposiciones secundarias.”
Con la votación de la mayoría legislativa, la modificación fue rechazada y el dictamen continuó su trámite manteniendo únicamente las disposiciones relativas a la representación indígena en el ámbito municipal.
El debate dejó abierta la discusión sobre los alcances de los procesos de consulta indígena y la incorporación de sus resultados en las reformas constitucionales y electorales del estado.
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