Ulises Lara señala que se analizará la viabilidad de extradición conforme a la ley mexicana
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analiza las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, al tiempo que advirtió que la petición carece de elementos probatorios suficientes.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que el proceso se apegará estrictamente a los protocolos legales y a los tratados internacionales vigentes, tras la notificación recibida a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Es obligación de esta fiscalía analizar la documentación recibida para establecer si existen los elementos probatorios necesarios”, señaló.
El funcionario indicó que, de manera paralela, la FGR iniciará una investigación propia para determinar si existen datos de prueba que sustenten las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.
Lara subrayó que la solicitud no incluye evidencias contundentes, lo que impide, por ahora, avanzar en acciones judiciales como órdenes de aprehensión o procedimientos de extradición.
Además, destacó que el propio gobierno estadounidense solicitó que la información relacionada con el caso se mantuviera bajo carácter confidencial, al tratarse de procedimientos en curso, lo que contrasta con su difusión pública.
“Dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes”, puntualizó.
La FGR recordó que, conforme a la legislación mexicana, cualquier orden de aprehensión requiere datos de prueba que acrediten la probable comisión de un delito, y que en el caso de servidores públicos con fuero, como gobernadores o senadores, es necesario un procedimiento previo para retirar la inmunidad.
El posicionamiento también enfatiza que la cooperación internacional debe realizarse con pleno respeto a la soberanía nacional y al Estado de derecho, garantizando los derechos de las personas involucradas.
El caso abre un nuevo frente en la relación bilateral en materia de justicia y seguridad, en un contexto donde las solicitudes de cooperación internacional enfrentan cada vez mayor escrutinio jurídico y político.
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