La Fiscalía aseguró pedimentos, actas de asamblea y contratos en dos bodegas de la Ciudad de México; los documentos abrirán nuevas líneas contra una red que habría simulado importaciones de combustible.
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República aseguró nueva documentación relacionada con la red de contrabando de combustible por ferrocarril en la que se encuentra procesado el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, accionista de la empresa Ingemar, una de las compañías investigadas dentro del expediente.
El caso fue destacado este 27 de agosto como una nueva fase de la investigación federal por huachicol ferroviario.
La FGR informó que un juez federal autorizó el cateo de dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde agentes ministeriales y peritos localizaron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos relacionados con operaciones que forman parte de la investigación.
La documentación asegurada será analizada para determinar si existen elementos que permitan ampliar las líneas de investigación hacia otras personas, empresas u operaciones vinculadas con la presunta introducción irregular de combustibles al país.
Ruffo Appel se encuentra vinculado a proceso junto con otros siete coacusados por delitos relacionados con delincuencia organizada y huachicol ferroviario. La existencia del proceso no equivale a una sentencia y las responsabilidades deberán ser determinadas por los tribunales.
La investigación comenzó después del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, y posteriormente se extendió a San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde las autoridades revisaron operaciones ferroviarias, pedimentos aduanales, facturas y documentación empresarial.
Dentro de ese rastreo, la FGR identificó a Ingemar S.A. de C.V. como una de las empresas relacionadas con la operación investigada. Ruffo Appel se incorporó a su estructura societaria en 2018 y posteriormente apareció como accionista y secretario de su Consejo de Administración.
La Fiscalía sostiene que algunas operaciones habrían declarado sólo una parte del combustible realmente transportado, lo que habría permitido reducir el pago de impuestos correspondientes a la importación.
Hasta ahora, las autoridades han calculado un daño fiscal superior a 100 millones de pesos relacionado con 170 ferrotanques asegurados, mientras el cruce de información con autoridades aduaneras y fiscales permitió detectar miles de operaciones consideradas irregulares.
La estimación de que el posible perjuicio total pudiera superar los 4 mil millones de pesos continúa sujeta a investigación y deberá ser acreditada con la documentación financiera, aduanera y empresarial incorporada al expediente.
El nuevo cateo no representa por sí mismo una nueva acusación contra Ruffo Appel, pero sí amplía el conjunto de documentos que la FGR utilizará para reconstruir la operación de la red investigada.
Hasta este momento no existe una sentencia condenatoria contra Ruffo Appel ni contra los demás procesados. La investigación continúa abierta y los documentos asegurados serán sometidos a peritajes y análisis ministerial.
Con información de La Jornada y la Fiscalía General de la República.
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