Cuando en México se mueve una elección, no solo se mueve una fecha en el calendario. Se mueve también una discusión más profunda sobre el poder, las instituciones y la confianza ciudadana.
Ayer el Gobierno federal anunció una propuesta para recorrer la elección del Poder Judicial de 2027 al 2028. La explicación pública tiene sentido en lo operativo: en 2027 habrá demasiadas elecciones al mismo tiempo, demasiadas boletas, demasiados cargos y, probablemente, demasiada confusión para el ciudadano común. Desde esa óptica, separar o reordenar el proceso puede parecer una medida razonable.
La elección judicial ha sido presentada como una forma de democratizar al Poder Judicial. La idea, en principio, suena poderosa: que el pueblo participe en la elección de quienes imparten justicia. Sin embargo, en una democracia constitucional, los jueces no cumplen la misma función que un diputado, un alcalde o un gobernador. Un juez no está para representar popularidad, sino para aplicar la Constitución y la ley, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para el poder político, para las mayorías del momento o para los intereses económicos más fuertes.
No se trata de defender un Poder Judicial intocable. Durante años, la justicia mexicana ha cargado con vicios reales: lentitud, corrupción, formalismos excesivos, falta de cercanía con la gente y, muchas veces, una enorme distancia entre los tribunales y la vida diaria del ciudadano. Negar eso sería ingenuo. Pero corregir esos problemas no significa convertir la impartición de justicia en una competencia de posicionamiento electoral.
Si la propuesta de recorrer la elección sirve para simplificar boletas, reducir candidaturas, mejorar filtros técnicos y evitar que el ciudadano tenga que votar entre listas interminables de nombres que no conoce, entonces hay un avance operativo que debe reconocerse. La gente no puede emitir un voto informado si el diseño institucional la obliga a enfrentarse a una boleta confusa, saturada y poco comprensible.
La pregunta importante no es únicamente si la elección debe ser en 2027 o en 2028. La pregunta de fondo es qué tipo de jueces queremos tener después de esa elección. ¿Queremos jueces populares o jueces preparados? ¿Queremos perfiles cercanos al ciudadano o perfiles cercanos al poder? ¿Queremos justicia independiente o justicia alineada al momento político? ¿Queremos una reforma que fortalezca al sistema o una reforma que solo modifique la manera en que se reparten los espacios?
Desde el norte del país, y particularmente desde una frontera como Ciudad Juárez, estas discusiones no se ven como debates abstractos. Aquí sabemos lo que significa depender de instituciones que funcionen. Sabemos que un mal diseño legal puede afectar a una empresa, a una familia, a un trabajador, a una víctima, a un acusado, a un inversionista o a cualquier ciudadano que un día necesite que un juez resuelva conforme a derecho y no conforme a presión política.
La justicia no es un lujo académico. Es una condición mínima para que un país funcione.
Por eso, recorrer la elección puede ser una decisión prudente, pero no debe convertirse en una salida fácil. El aplazamiento debe servir para revisar en serio el modelo. Debe permitir discutir cómo se evaluarán los perfiles, quién los filtrará, con qué criterios, bajo qué controles de transparencia y con qué garantías de independencia. Porque no basta con decir que habrá menos candidatos o boletas más sencillas. También hay que garantizar que quienes lleguen a la boleta tengan trayectoria, capacidad técnica, ética profesional y autonomía frente a cualquier grupo de poder.
Y aquí hay que decirlo con claridad: una justicia capturada por élites cerradas es mala, pero una justicia capturada por la política partidista también lo es.
El país no debe caer en una falsa disyuntiva. No estamos obligados a escoger entre el viejo Poder Judicial con sus vicios y un nuevo sistema judicial sometido a la lógica electoral. México necesita una tercera ruta: una justicia abierta, profesional, cercana a la gente, pero también independiente, técnicamente sólida y protegida de presiones políticas.
Mover la elección al 2028 puede dar tiempo. Pero el tiempo, por sí solo, no corrige nada. Lo que corrige es la voluntad de revisar errores, aceptar límites y mejorar el diseño institucional. Si el Gobierno reconoce que el proceso necesita ajustes, entonces debe abrir una discusión seria, no una reforma acelerada ni una negociación cerrada entre fuerzas políticas. La justicia no puede tratarse como trámite legislativo de temporada.
El ciudadano necesita entender por qué va a votar, por quién va a votar y qué consecuencias tendrá ese voto. Pero también necesita tener la certeza de que el juez electo no llegará condicionado por campañas, estructuras, grupos de presión o compromisos políticos. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces; es una garantía para el ciudadano.
Por eso, más que celebrar o rechazar automáticamente el anuncio, conviene verlo como una señal. El propio sistema está reconociendo que el modelo requiere ajustes. Y cuando una reforma constitucional necesita ser reformada casi de inmediato para poder operar mejor, lo mínimo que se exige es humildad institucional.
Si recorrer la elección sirve para que votemos mejor, para que haya mejores perfiles y para que el proceso sea más claro, adelante. Pero si solo sirve para cambiar la fecha y mantener intactos los problemas de fondo, entonces no estaremos corrigiendo la reforma: solo estaremos pateando el problema hacia adelante.
Y hoy, más que mover el calendario, México necesita mover la discusión hacia donde realmente importa: cómo garantizar que quienes juzguen al país tengan independencia, preparación y legitimidad suficiente para hacerlo.
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
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