Cuando las resoluciones judiciales generan indignación social y siembran dudas razonables, el problema deja de ser estrictamente jurídico y se convierte en un asunto de confianza pública.
La reciente liberación de José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio “Plenitud”, mediante una resolución que dejó sin efectos su vinculación a proceso, ha provocado una profunda herida social. No se trata únicamente de un expediente técnico, se trata de un caso que involucró el hallazgo de cientos de cadáveres apilados, que debieron ser incinerados y, sin embargo, se entregó a sus deudos ‘algo’ diferente a las cenizas de sus muertos.
La decisión del juez Luis Eduardo Rivas Martínez, militante de Movimiento Ciudadano, debió estar acompañada de una explicación clara, exhaustiva y transparente. El contexto de este c aso es tan delicado, que los ciudadanos y, sobre todo las familias afectadas, esperaban, más que formalismos, certeza, sensibilidad y rigor. Sobre todo, justicia.
A esta resolución se suma el antecedente de la liberación anticipada de un secuestrador sentenciado, hermano de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela y cuñado del diputado local Francisco Adrián Sánchez Villegas, ambos militantes de Movimiento Ciudadano. Aquel episodio también despertó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el uso de beneficios legales para responsables en la comisión de delitos graves.
Aunque cada asunto tenga su propia ruta procesal, cuando las decisiones judiciales que favorecen a personas vinculadas a delitos de alto impacto aparecen conectadas, directa o indirectamente, con actores políticos identificados con Movimiento Ciudadano, la percepción de un patrón comienza a tomar forma en la opinión pública. Y en política, la percepción importa.
No se trata de lanzar acusaciones sin pruebas, sino de exigir transparencia plena, de garantizar que no existan conflictos de interés y asegurar que ninguna relación política, militancia o parentesco influya en decisiones que afectan profundamente a la sociedad, como los casos antes citados.
Cuando la ciudadanía comienza a creer que existen privilegios, que la justicia se aplica de manera selectiva, la ley pierde fuerza moral y las instituciones se debilitan.
Los ciudadanos necesitamos claridad, que cada resolución, especialmente en casos de alto impacto social, esté libre de cualquier duda. Si las decisiones fueron correctas, deben explicarse con argumentos sólidos; si hubo errores en la integración de las carpetas o en los procedimientos, deben corregirse y sancionarse.
La justicia no puede tener color partidista; no puede depender de vínculos personales; no debe convertirse en sinónimo de ventaja política. Sin embargo, en estos casos todo se pinta de color naranja.
Las instituciones deben actuar conforme a derecho e inspirar certeza. La justicia debe ser imparcial, transparente y firme. Lo demás, es una deuda con las víctimas y con la ciudadanía en general.
Pedro Torres
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