Las demandas desafían varias reglas que rigen las elecciones, y la mayor parte se enfoca en la emisión y el conteo de votos por correo que han ganado popularidad en los últimos años.
Hasta el lunes, se han presentado un total de 128 demandas electorales y relacionadas con la votación en lo que va de 2022, según Democracy Docket, una organización de derechos electorales de tendencia izquierdista que rastrea los litigios electorales. Del total, 71 buscan restringir el acceso a la votación, mientras que el resto apunta a expandir o proteger la votación, dice Democracy Docket.
Un análisis de septiembre realizado por Democracy Docket mostró que los republicanos representaron un poco más de la mitad de las demandas presentadas este año.
Sylvia Albert, directora de votaciones y elecciones de Common Cause, una organización de vigilancia y defensa no partidista, dijo que la extraordinaria cantidad de litigios probablemente hará de esta elección de mitad de mandato la más litigiosa de la historia reciente, solo después de la carrera presidencial de 2020.
“Es una rutina que haya una pequeña cantidad de demandas presentadas en ambos lados para obtener una ventaja”, dijo Albert. “Lo que es diferente esta vez es la gran cantidad de demandas y el intento obvio de privar a los votantes de sus derechos y socavar la fe de la gente en las elecciones”.
En 2020, Democracy Docket rastreó 68 demandas presentadas antes del día de las elecciones.
Hans von Spakovsky, gerente de la iniciativa de reforma de la ley electoral en la conservadora Fundación Heritage, dijo que las demandas republicanas simplemente buscan el cumplimiento de la ley.
“Tengo entendido que las demandas que se están presentando simplemente piden a los tribunales que ordenen a los funcionarios estatales que cumplan con la ley estatal”, dijo von Spakovsky.
Democracy Docket dice que los republicanos han presentado una cantidad récord de demandas relacionadas con las elecciones este año, y la mayoría busca limitar la votación por correo.
La votación por correo aumentó durante las elecciones presidenciales de 2020. Pero los estados controlados por los republicanos han adoptado desde entonces medidas para limitar la práctica, diciendo que la votación por correo es susceptible de fraude.
Los republicanos han tenido cierto éxito al desafiar la votación por correo este año.
En Wisconsin, donde el senador republicano Ron Johnson enfrenta un duro desafío por parte del vicegobernador demócrata del estado, los tribunales locales la semana pasada se pusieron del lado de los republicanos y dictaminaron que los secretarios del condado no podían aceptar boletas por correo con direcciones parciales de testigos.
En Pensilvania, donde un escaño en el Senado que dejó vacante un republicano está en juego, la Corte Suprema del estado aprobó la semana pasada una solicitud republicana de que los funcionarios electorales no cuenten las boletas enviadas por correo sin fecha o con fecha incorrecta.
Pero en Michigan, un juez desestimó el lunes una demanda presentada por un candidato republicano que pidió a la corte que exija a todos los votantes de Detroit que obtengan boletas de voto en ausencia en persona o que voten en persona.
Albert de Common Cause dijo que el litigio actual sobre el conteo de votos en ausencia probablemente se extenderá al período de certificación y escrutinio posterior a las elecciones, lo que retrasará los resultados de algunas contiendas reñidas.
“Especialmente en estados donde las boletas de voto en ausencia podrían cambiar los resultados”, dijo Albert. “Seguimos reiterando que el día de las elecciones no es el día de los resultados, y es posible que estemos esperando bastante tiempo para los recuentos finales”.
Las batallas judiciales posteriores a las elecciones probablemente involucrarán muchos aspectos de las elecciones. Además del conteo y procesamiento de boletas por correo, Democracy Docket dice que espera desafíos legales a la elegibilidad de los votantes, intimidación de votantes y trabajadores electorales, teorías de conspiración sobre máquinas de votación electrónica y condados que se niegan a certificar sus resultados electorales.
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