Ricardo Fernández Acosta aparece como socio y representante legal de Grupo Especial Mamba Negra, señalada por la OFAC por presunto lavado de dinero.
Ciudad de México (ADN/Staff) – Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de Chihuahua, aparece como socio y representante legal de Grupo Especial Mamba Negra, empresa sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, Fernández Acosta ingresó formalmente como socio de la compañía en febrero de 2022 mediante una cesión onerosa de acciones realizada por Jesús Alfredo Orozco Beltrán, uno de los fundadores de la empresa.
La compañía fue señalada por autoridades estadounidenses como parte de una estructura presuntamente controlada por Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, presunto operador financiero ligado al Cártel de Sinaloa.
La documentación mercantil también señala que el funcionario estatal asumió funciones como presidente del Consejo de Gerentes de la empresa, con facultades para administrar y dirigir operaciones de la sociedad.
En registros corporativos consultados, Fernández Acosta aparece con una participación accionaria de 19 por ciento del capital social de la compañía, según el último documento disponible fechado en agosto de 2022.
El funcionario aseguró que fue engañado y sostuvo que desconocía presuntas actividades ilícitas relacionadas con la empresa.
“A mí me la pasaron como si fuera una empresa de seguridad, pero me estafaron”, declaró.
Fernández Acosta afirmó que fue contactado en Chihuahua por un empresario identificado como Alfredo Orozco, quien le habría ofrecido integrarse a una compañía formalmente constituida dedicada a servicios de seguridad privada.
“He tratado de comunicarme con él y nunca me contesta”, señaló.
El subsecretario reconoció además haber aceptado fungir como representante legal de la empresa, aunque sostuvo que desconocía cualquier relación con operaciones ilícitas o actividades vinculadas al crimen organizado.
La revelación ocurre en medio del clima político y de seguridad que enfrenta Chihuahua tras las investigaciones federales relacionadas con operativos en la Sierra Tarahumara y la presunta presencia de agentes extranjeros en acciones de seguridad estatales.
Hasta el momento, el Gobierno de Chihuahua no ha emitido una postura oficial sobre la permanencia del funcionario dentro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Con información de El Universal
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