Fiscalía de Nueva York imputa al gobernador y a nueve funcionarios por narcotráfico, armas y presunta protección a “Los Chapitos”
Ciudad de México (ADN/Staff) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, a quienes señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, conspiración para el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
El documento judicial, presentado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, describe una estructura de colaboración entre autoridades estatales y una facción del crimen organizado, específicamente el grupo conocido como “Los Chapitos”, a quienes se habría facilitado la operación y expansión de actividades ilícitas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían participado en esquemas de protección institucional, intercambio de favores y posibles pagos ilícitos, permitiendo el trasiego de narcóticos a gran escala. También se les imputa la posesión y uso de armas en el contexto de estas operaciones criminales.
Entre los señalados figuran un senador, el alcalde de Culiacán y diversos mandos de seguridad, lo que, según el expediente, configuraría una red de complicidad desde distintos niveles del aparato gubernamental en Sinaloa.
El documento también sostiene que el ascenso político de Rocha Moya en 2021 habría contado con respaldo del grupo criminal, que presuntamente intimidó a adversarios y facilitó condiciones para su triunfo electoral, a cambio de operar sin interferencia gubernamental.
Las autoridades estadounidenses establecen que los delitos imputados podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua, al tratarse de conspiración para importar drogas a Estados Unidos y otros cargos federales graves.
En respuesta, el gobierno mexicano informó que recibió solicitudes de extradición, aunque señaló la ausencia de pruebas suficientes en el expediente enviado por Washington, por lo que el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme al marco legal vigente.
Por su parte, el gobernador de Sinaloa rechazó las acusaciones y afirmó que carecen de sustento.
“Carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”
El caso se perfila como uno de los episodios más relevantes en la relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, al involucrar a altos funcionarios en funciones y a una de las entidades históricamente ligadas a la operación del Cártel de Sinaloa.
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