Consejera jurídica detalla que solicitud enviada a México carece de pruebas para justificar detención provisional
Ciudad de México (ADN/Staff) – La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la solicitud enviada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no cumple con los requisitos legales para ejecutar detenciones provisionales en México, al no acreditar la urgencia exigida en el Tratado de Extradición entre ambos países.
Durante la conferencia matutina, la funcionaria detalló que existen dos figuras distintas en el tratado: la solicitud formal de extradición y la detención provisional con fines de extradición.
“No es lo mismo una solicitud de extradición formal que una solicitud de detención provisional”, precisó.
Alcalde indicó que la petición presentada por Estados Unidos corresponde únicamente a una detención provisional, la cual debe sustentarse en elementos que acrediten riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
Subrayó que dichos elementos no fueron aportados, por lo que la Fiscalía General de la República determinó que la solicitud no está debidamente fundamentada.
“No existe ningún elemento o prueba que acredite la urgencia”, señaló.
La consejera explicó que, en estos casos, México debe solicitar información adicional antes de proceder, ya que la medida implica una restricción a derechos fundamentales.
Detalló que solo un juez de control puede autorizar una detención, una vez que se presenten pruebas suficientes que acrediten el delito, la probable responsabilidad y la necesidad de cautela.
Además, enfatizó que el procedimiento debe mantenerse bajo estricta confidencialidad, conforme a tratados internacionales y estándares de derechos humanos.
“Se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia”, afirmó.
La funcionaria advirtió que la difusión pública del caso vulneró este principio, al generar exposición mediática anticipada sobre los implicados.
En este contexto, la Fiscalía ya emitió una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores para requerir al gobierno estadounidense la información faltante, a fin de continuar con el análisis jurídico.
El proceso se mantiene en una etapa preliminar, sin que exista hasta ahora una solicitud formal de extradición ni una determinación judicial sobre detenciones.
El caso, que involucra a funcionarios de Sinaloa, se ha convertido en un punto de tensión bilateral, donde la diferencia entre acusación y prueba legal se mantiene como eje central del procedimiento.
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