La justicia tiene un símbolo que ha sobrevivido durante siglos: una mujer con una balanza en una mano, una espada en la otra y una venda sobre los ojos. No está vendada porque ignore la realidad, sino porque la justicia auténtica no distingue riqueza, poder, raza, religión, ideología o sexo. Primero conoce los hechos; después dicta sentencia. El día en que esa venda se retira para mirar quién acusa y quién es acusado antes de revisar las pruebas, deja de hablar el derecho y comienza a hablar el prejuicio.
El caso del profesor Alberto Israel Jasso ha vuelto a colocar esa discusión en el centro del debate nacional. Acusado por una alumna de presunto abuso sexual, negó hasta el último momento haber cometido los hechos. Antes de quitarse la vida grabó un video en el que sostuvo que era inocente y que estaba siendo destruido por una condena pública anticipada. Murió sin que un tribunal hubiera determinado su responsabilidad o su inocencia. La investigación seguía abierta. La sentencia social, en cambio, ya estaba dictada.
Después ocurrió algo que muchos prefirieron ignorar. Varias alumnas decidieron dar la cara públicamente para defender a quien había sido su maestro. No ocultaron su identidad. Dijeron que jamás recibieron un trato indebido, que nunca observaron una conducta impropia y que conocieron a un hombre respetuoso. Esos testimonios no prueban jurídicamente la inocencia del profesor, pero sí demuestran que existía una realidad distinta a la narrativa única que se había instalado en la opinión pública. En un Estado de derecho, todas las pruebas, favorables y desfavorables, deben ser escuchadas.
Más tarde apareció un mensaje atribuido a la joven denunciante, difundido ampliamente por diversos medios y redes sociales, en el que expresa un profundo arrepentimiento, pide perdón a la familia del profesor y reconoce la gravedad de las consecuencias derivadas de sus actos. Ese mensaje, por sí mismo, tampoco demuestra que la denuncia haya sido falsa. Eso corresponde determinarlo a la autoridad competente. Lo que sí demuestra es que las palabras tienen consecuencias y que una acusación pública puede producir daños irreparables antes de que la justicia haga su trabajo.
Sin embargo, quizá el episodio más preocupante vino desde donde menos debía venir: el propio ámbito judicial. La magistrada Arely Reyes Terán publicó comentarios sobre el caso en los que manifestó que, entre la versión del profesor y la de la estudiante, ella creía a la estudiante. Posteriormente calificó sus propias expresiones como ‘imprudentes’ y ofreció una disculpa a título personal. A partir de ello surgieron voces que solicitaron su destitución, argumentando que una persona encargada de impartir justicia no puede exteriorizar una postura que parezca anticipar una conclusión antes del análisis de las pruebas.
El problema no es únicamente una publicación en redes sociales. El problema es el mensaje que transmite. Un juzgador no está para creer. Está para demostrar. No está para confirmar prejuicios. Está para valorar evidencias. No está para satisfacer demandas sociales. Está para aplicar la ley. Porque si quien debe garantizar la imparcialidad anuncia previamente a quién creerá, la confianza en la justicia comienza a resquebrajarse.
Durante las últimas décadas México ha impulsado reformas importantes para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Muchas respondieron a una realidad dolorosa que durante años fue minimizada. Esa protección era necesaria y sigue siéndolo. Pero proteger a una posible víctima nunca debió significar debilitar otro principio igualmente esencial: la presunción de inocencia.
Aquí conviene distinguir con cuidado. La Constitución mexicana no presume culpable a un hombre por el solo hecho de ser hombre. Tampoco las leyes lo establecen expresamente. Pero en determinados contextos institucionales, mediáticos y culturales puede generarse un ambiente donde la acusación se convierte, en la práctica, en una condena anticipada. El empleo desaparece. La reputación se destruye. La familia queda marcada. Y cuando finalmente llegan las investigaciones, el juicio social ya concluyó mucho antes que el judicial.
Creer que toda denuncia es verdadera resulta tan peligroso como creer que toda denuncia es falsa. Ambos extremos destruyen la justicia. La verdadera protección de las víctimas exige investigaciones serias, pruebas sólidas y tribunales imparciales. De la misma manera, la protección de los inocentes exige exactamente lo mismo.
La historia demuestra que los sistemas de justicia no fracasan únicamente cuando dejan libres a los culpables. También fracasan cuando condenan a los inocentes. Esa es la razón por la que la presunción de inocencia no fue creada para favorecer delincuentes, sino para impedir que el poder, la presión social o los prejuicios sustituyan a las pruebas.
Quizá la mayor tragedia del caso Jasso no sea únicamente la muerte de un profesor. Quizá sea descubrir que una parte de nuestra sociedad parece haber olvidado por qué la justicia lleva una venda sobre los ojos. Porque la justicia que primero pregunta si quien acusa es mujer o si quien es acusado es hombre ya no está mirando las pruebas. Está mirando a las personas. Y cuando eso ocurre, la balanza deja de pesar evidencias para empezar a pesar identidades. Ese nunca ha sido el camino de la justicia. Ha sido siempre el camino del prejuicio. Y eso es, El Meollo del Asunto.
Daniel Valles
Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana.
Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
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