En política pueden explicarse muchas cosas: una mala decisión, una alianza fallida o una declaración desafortunada. Pero hay conductas que rebasan el error político y se convierten en una ruptura con el deber de lealtad que todo servidor público tiene frente a México.
Eso es lo que hoy rodea a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.
Después de que el Gobierno de Estados Unidos le revocara la visa, aparecieron grabaciones en las que presuntamente se muestra dispuesta a colaborar con supuestos representantes estadounidenses y a compartir información relacionada con las mesas de seguridad.
Marina del Pilar ha reconocido que las conversaciones existieron, aunque asegura que fueron sacadas de contexto, que cayó en una trampa política y que nunca entregó información confidencial.
Sin embargo, la pregunta permanece:
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar su visa?
Una cosa es contratar abogados y utilizar los mecanismos legales para defenderse ante una autoridad extranjera. Otra muy distinta es aprovechar el cargo, los contactos institucionales o la información obtenida como gobernadora para resolver un problema estrictamente personal.
La información de seguridad no pertenece a Marina del Pilar, a Morena ni a ningún grupo político. Pertenece al Estado mexicano y debe utilizarse exclusivamente para proteger a los ciudadanos.
No puede convertirse en moneda de cambio para recuperar una visa.
Tampoco basta con argumentar que todo fue una trampa. Una gobernadora de un estado fronterizo no es una ciudadana ingenua. Tiene abogados, autoridades de seguridad, canales diplomáticos y comunicación con el Gobierno federal.
Si fue engañada, exhibe una imprudencia incompatible con su cargo. Si estuvo dispuesta a colaborar para obtener un beneficio personal, el asunto es todavía más grave.
Hasta ahora no existe una sentencia que declare a Marina del Pilar responsable del delito de traición a la patria. Eso debe decirse con claridad. Una columna no sustituye al Ministerio Público ni a los tribunales.
Pero la responsabilidad política y moral no comienza cuando un juez dicta sentencia.
Comienza cuando un gobernante olvida que el cargo no le pertenece y coloca sus intereses personales por encima del interés nacional.
Independientemente de su partido, de su conflicto con Jaime Bonilla o de su cercanía con el poder presidencial, Marina del Pilar debe explicar hasta dónde llegó y qué estaba dispuesta a ofrecer.
Aquí no se trata de Morena contra la oposición.
Se trata de México.
Cooperar institucionalmente con Estados Unidos no es traicionar a la patria. Compartir información mediante canales oficiales tampoco.
Pero ofrecer colaboración desde una posición de vulnerabilidad personal, mientras se busca recuperar una visa, representa una traición política a la confianza ciudadana y al deber de defender los intereses nacionales.
En política se puede perder una elección, una alianza, un partido y hasta una visa.
Lo que nunca debe perderse es la lealtad a México.
Porque la patria no se ofrece, no se intercambia y mucho menos se negocia para volver a cruzar la frontera.
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
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