Fiscalía aclara que solicitud es solo medida cautelar y no una extradición formal
Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no existen condiciones para ejecutar detenciones provisionales contra los 10 funcionarios mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos, debido a la falta de pruebas y justificación en la solicitud enviada.
Durante una conferencia, el titular del área de control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, precisó que el requerimiento recibido no corresponde a una extradición formal, sino únicamente a una solicitud de medida cautelar para detención provisional.
“No hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, señaló.
La FGR explicó que este tipo de solicitudes se rigen por el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, así como por la legislación nacional, lo que implica cumplir requisitos estrictos antes de restringir derechos.
Entre los elementos faltantes, la Fiscalía destacó la ausencia de pruebas que acrediten la comisión de delitos, así como la falta de argumentos que justifiquen la urgencia de detener a los implicados.
“No existen pruebas anexas al pedimento que acrediten la comisión de un presunto delito”, indicó.
Ante esta situación, la dependencia anunció que solicitará a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores información adicional, evidencias y documentación complementaria a las autoridades estadounidenses, a fin de realizar un nuevo análisis.
La Fiscalía también advirtió que la difusión pública del caso podría afectar el debido proceso, al tratarse de un procedimiento que debe manejarse bajo criterios de confidencialidad conforme a tratados internacionales.
El proceso se encuentra en una etapa preliminar, centrada exclusivamente en la evaluación de la medida cautelar, mientras que una eventual extradición formal implicaría un procedimiento más amplio que incluye revisión judicial y decisiones de la Cancillería.
La FGR reiteró que mantendrá su actuación bajo principios de legalidad, justicia y defensa de la soberanía nacional, en un caso que ha escalado a nivel bilateral y mantiene bajo escrutinio a diversas autoridades de Sinaloa.
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