La gobernadora de Chihuahua pidió respetar la presunción de inocencia y el debido proceso del exmandatario de Baja California.
Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se sumó públicamente a la defensa de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien enfrenta un proceso federal por su presunta participación en delitos relacionados con contrabando de combustible y delincuencia organizada.
Campos Galván informó que estuvo en Tijuana con Verónica Ruffo y con integrantes del Comité Plural en Defensa de los Derechos de Ernesto Ruffo, desde donde planteó que el caso debe atenderse con respeto a las garantías legales del exmandatario panista.
“No me corresponde ser juez ni fiscal, no me corresponde pronunciarme sobre carpetas que no he leído”, expresó la mandataria chihuahuense.
La gobernadora sostuvo que su posicionamiento no busca resolver el fondo del caso, sino exigir que el Estado respete la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de cualquier persona a defenderse conforme a la ley.
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, por elementos de la Fiscalía General de la República, dentro de una investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal. Posteriormente fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano.
Las autoridades federales lo señalan por su posible participación en una red de contrabando de combustible, a partir de indagatorias vinculadas con la empresa Ingemar, de la cual el exgobernador aparece relacionado como accionista.
“Defender los derechos de Ernesto Ruffo es defender los derechos de todas y todos los mexicanos”, escribió Campos Galván.
La mandataria también cuestionó que un hombre de 74 años, con padecimientos que requieren atención médica permanente y que, según dijo, no intentó sustraerse de la justicia, haya sido llevado a un penal de máxima seguridad.
El caso ha generado posicionamientos de distintos actores del PAN y de figuras de oposición, quienes han señalado un posible uso político de la justicia, mientras que la autoridad federal mantiene que la investigación forma parte de acciones contra redes de contrabando de hidrocarburos.
Campos Galván afirmó que el asunto rebasa una diferencia partidista o ideológica y lo ubicó en el terreno de las libertades y el trato que el Estado debe dar a los ciudadanos durante un proceso penal.
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