La legisladora de Morena afirmó que el programa cumplió su objetivo social, pero su conclusión era necesaria por impactos viales y urbanos en ciudades fronterizas.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local por Morena, María Antonieta Pérez Reyes, calificó como acertada la decisión de concluir el Decreto de Nacionalización de Autos de procedencia extranjera, al considerar que el programa dejó beneficios sociales relevantes, pero también generó efectos colaterales que hacían impostergable su cierre.
La legisladora señaló que el decreto, vigente desde enero de 2022 y concluido el último día de 2025, permitió que cerca de 2 millones 980 mil familias en el país accedieran a vehículos de bajo costo, incorporándolos legalmente a su patrimonio y mejorando sus condiciones de movilidad.
De acuerdo con Pérez Reyes, la regularización respondió inicialmente a dos objetivos centrales: fortalecer la seguridad pública, al registrar vehículos que circulaban sin control en el país, y facilitar el acceso a la movilidad a familias de bajos ingresos que no contaban con recursos para adquirir un automóvil nacional usado.
“Es una decisión acertada de la presidenta Claudia Sheinbaum dar por terminado este trámite, que inició de manera correcta y cumplió con un propósito social muy claro”.
La diputada explicó que el programa tuvo 11 modificaciones y prórrogas desde su entrada en vigor, y aunque la última reforma contemplaba su continuidad hasta 2026, las condiciones actuales en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez obligaban a replantear su permanencia.
Indicó que la alta concentración vehicular, estimada en cientos de miles de unidades circulando diariamente, ha derivado en mayor congestión vial, incremento de accidentes y problemas ambientales, lo que ha complicado la movilidad urbana en zonas con infraestructura limitada.
Pérez Reyes añadió que, si bien el decreto permitió resolver una necesidad inmediata de transporte en entidades con deficiencias históricas en sistemas de movilidad pública, su conclusión abre la puerta a replantear políticas integrales de transporte y ordenamiento urbano.
Finalmente, la legisladora reconoció la decisión del Gobierno Federal de dar por concluido el programa de regularización, al considerar que los beneficios sociales fueron alcanzados, al tiempo que se atienden ahora los retos de saturación vial y planeación urbana que enfrentan las principales ciudades fronterizas del país.
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