Estados Unidos se prepara para sus elecciones intermedias de noviembre y México comienza a recorrer el camino hacia 2027.
Son procesos distintos, pero conectados por un problema que atraviesa la frontera: la delincuencia organizada. Mientras allá la seguridad puede convertirse en instrumento para conquistar votos, aquí existe el riesgo de que los criminales decidan quién puede pedirlos. Esa diferencia debería encender todas las alarmas.
En Estados Unidos estará en disputa el control del Congreso y, con él, buena parte del margen político de Donald Trump. En ese escenario, considero previsible que la frontera, el narcotráfico y la relación con México sean utilizados para demostrar firmeza.
Nuestro país debe prepararse para una presión que podría aumentar conforme avance la competencia electoral. Sería ingenuo suponer que los intereses de campaña permanecerán separados de las decisiones de seguridad.
Sin embargo, la amenaza más profunda para México está dentro de sus propias instituciones. Me preocupa que, rumbo a 2027, los grupos delictivos busquen imponer candidatos, financiar campañas y eliminar competidores. No podemos afirmar cuántos aspirantes serán asesinados ni presentar una tragedia futura como un hecho consumado. Pero tenemos antecedentes suficientes para exigir prevención inmediata. Esperar los primeros muertos sería repetir una irresponsabilidad que ya conocemos.
Durante el proceso electoral de 2023-2024, el proyecto Votar entre Balas documentó ataques contra 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas, presuntamente cometidos por grupos del crimen organizado. Treinta y cuatro fueron asesinadas. Detrás de cada cifra hubo una familia destruida y una comunidad privada de una opción política. También hubo amenazas, secuestros y atentados. La intervención criminal no necesita terminar en homicidio para modificar una elección.
Un aspirante que renuncia por miedo deja un espacio que alguien ocupará. Un dirigente que acepta dinero ilícito compromete decisiones futuras. Una comunidad obligada a respaldar determinada candidatura pierde libertad aunque conserve sus credenciales y sus casillas. La democracia puede ser intervenida mucho antes del día de la votación. Contar correctamente las boletas resulta insuficiente cuando previamente se ha decidido, mediante amenazas, quién aparecerá en ellas.
Para una organización criminal, controlar un ayuntamiento puede significar acceso a información policial, contratos, permisos, presupuestos y protección territorial. Por eso debemos observar las elecciones municipales con la misma seriedad que las grandes contiendas nacionales. Una alcaldía capturada puede convertirse en una estructura de servicio para la delincuencia. El ciudadano termina pagando dos veces: con sus impuestos y con la extorsión que las autoridades deberían impedir.
El INE ha establecido una comisión para verificar la integridad de las candidaturas. Es una señal de reconocimiento del problema.
Sin embargo, el procedimiento contempla la participación voluntaria y respeta la decisión de los partidos sobre sus postulaciones. Esto obliga a preguntar si los mecanismos disponibles serán suficientes frente a organizaciones que operan mediante corrupción y violencia. Una revisión administrativa debe acompañarse de investigaciones capaces de producir consecuencias.
Los partidos tienen que responder por el origen del financiamiento y por los perfiles que promueven. Las fiscalías deben investigar las amenazas desde que aparecen, identificar a sus autores y seguir el dinero. La protección debe alcanzar también a los aspirantes locales, antes del registro formal. La Presidente y el Gabinete de Seguridad tienen la responsabilidad de coordinar una estrategia que proteja personas y desarticule las redes interesadas en someterlas.
La coincidencia de ambos calendarios electorales puede agravar las tensiones: Washington buscando resultados visibles y México enfrentando disputas por el control territorial. La respuesta exige cooperación, instituciones confiables y justicia efectiva. La soberanía se defiende recuperando la capacidad de gobernar cada municipio.
Mi advertencia es sencilla: si permitimos que la delincuencia seleccione candidatos y elimine adversarios, tendremos elecciones cuya libertad estará mutilada desde el origen. Todavía hay tiempo para impedirlo. Lo que falta saber es si habrá voluntad para enfrentar a los criminales y a quienes les abren las puertas del poder.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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