Las recientes declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, han dejado más preguntas que respuestas. Al afirmar que los gobiernos anteriores estaban coludidos con el narcotráfico, pero que al mismo tiempo “tenían el control”, terminó por reconocer una realidad que durante años fue negada por quienes hoy buscan regresar al poder.
La afirmación es grave por sí misma. Si existía una relación de complicidad con grupos criminales, y aun así se mantenía un supuesto control de la violencia, entonces estamos frente a la aceptación implícita de un modelo de gobierno basado en acuerdos oscuros, tolerancia criminal y simulación institucional. No se trata de una simple declaración desafortunada; es una confesión política que obliga a revisar con seriedad lo ocurrido durante los gobiernos panistas.
Particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón, México vivió uno de los periodos más violentos de su historia reciente. La llamada “guerra contra el narcotráfico” fue presentada como una estrategia para recuperar la seguridad nacional, pero terminó convirtiéndose en una tragedia que dejó cientos de miles de víctimas, miles de desaparecidos y comunidades enteras marcadas por el miedo.
Ninguna ciudad simboliza mejor esa tragedia que Ciudad Juárez. Entre 2008 y 2012, la frontera chihuahuense se convirtió en el epicentro de la violencia mundial. Miles de familias fueron golpeadas por homicidios, secuestros y extorsiones mientras el gobierno federal insistía en que la militarización era el camino correcto. El resultado fue devastador.
Años después, la historia terminó revelando elementos aún más escandalosos. El exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, fue declarado culpable en Estados Unidos por colaborar con organizaciones del narcotráfico. Este hecho no solo representa una mancha para una administración; constituye una evidencia contundente de que la corrupción alcanzó los niveles más altos de la estructura encargada de combatir al crimen.
Por eso resulta difícil comprender el mensaje político que envía la gobernadora al invitar y respaldar públicamente a Felipe Calderón. Más aún cuando sus propias declaraciones parecen admitir que existían formas de entendimiento o convivencia entre el poder político y las organizaciones criminales. Si esa es la visión de seguridad que añoran algunos sectores del PAN, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué es exactamente lo que buscan recuperar?
Los ciudadanos tienen derecho a exigir memoria. La violencia que vivió México no fue una estadística; fueron vidas humanas, familias destruidas y generaciones enteras marcadas por el dolor. Quienes aspiran a regresar al poder deberían comenzar por ofrecer explicaciones, asumir responsabilidades y reconocer los errores cometidos, en lugar de intentar reescribir la historia.
El problema no es solamente el pasado. El problema es que, cuando se normalizan discursos que justifican la supuesta eficacia de gobiernos señalados por corrupción y vínculos con el crimen organizado, se corre el riesgo de enviar el mensaje de que los resultados importan más que la legalidad, la justicia o la vida de las personas.
México merece una discusión seria sobre seguridad, democracia y rendición de cuentas. Lo que no merece es la nostalgia por un periodo que dejó una de las heridas más profundas de nuestra historia contemporánea.
Y como si la gravedad de sus palabras no fuera suficiente, la declaración de la gobernadora termina por abrir una herida que permanece dolorosamente fresca en la memoria de miles de familias mexicanas. En especial en Ciudad Juárez, donde aún resuenan los ecos de aquellos años de violencia, muerte y desesperación. Las víctimas, los desaparecidos, los huérfanos y quienes perdieron a un ser querido no han olvidado. Tampoco han cicatrizado completamente las consecuencias de una estrategia que marcó para siempre a una generación. Por ello, cuando se habla con ligereza de gobiernos que supuestamente “tenían el control”, no se trata únicamente de una valoración política; se trata de una confesión que revive uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia reciente y que reabre una herida que todavía sigue fresca.
Pedro Torres
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