El desastre institucional comienza cuando el gobierno deja de ser solución y se convierte en problema. La mediocridad en el poder y el fracaso sistémico del servicio público imponen un alto costo al pueblo. Cuando el servidor público olvida a quién sirve, se activa la maquinaria de la persecución selectiva y, en lugar de ser protectores, se transforman en verdugos.
La administración pública en México padece una profunda incongruencia: las instituciones creadas para proteger al ciudadano se han convertido, con demasiada frecuencia, en instrumentos de hostigamiento. La Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia exhiben un patrón sistémico de actuación que antepone intereses particulares o ideológicos al mandato constitucional de servir al pueblo, una tendencia que se ha agravado en la administración actual, aunque tiene raíces en la anterior.
En los últimos años, México ha presenciado un progresivo deterioro de sus instituciones fundamentales, un fenómeno que trasciende la alternancia política y se consolida como un patrón sistémico en el que quienes deberían salvaguardar el Estado de derecho se convierten en sus principales agresores. Los defensores del pueblo se transformaron en sus verdugos.
Un ejemplo indignante es el comentario público realizado por una figura cercana al oficialismo, Arely Reyes Terán, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla y excandidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al suicidio de un profesor supuestamente acusado falsamente de acoso sexual. Según una captura de pantalla de su cuenta en X (antes Twitter), la señora escribió: “mejor se hubiera matado antes”. Este hecho evidencia, una vez más, la parcialidad judicial y el costo humano de las decisiones públicas. El comentario, grave en sí mismo, es síntoma de un problema mayor: cuando servidores públicos que deben proteger a la ciudadanía actúan de forma que la agrede, el daño trasciende lo individual y revela patrones institucionales persistentes.
Al día siguiente, la señora emitió un comunicado público con un supuesto reconocimiento de su “error”, pero lo único que confirma es su miseria humana y su personalidad egocéntrica. No lo hizo para asumir la gravedad de su conducta, sino para reafirmar lo dicho, aunque con otras palabras. Su permanencia en el Poder Judicial debería ser revisada con rigor, dada su evidente parcialidad y su sesgo ideológico, que termina vulnerando la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres consagrada en la Constitución y que constituye una amenaza directa al principio de imparcialidad judicial.
Pero el problema no se reduce al comentario de la señora; la crisis es sistémica y exige respuestas integrales. No basta con condenar declaraciones, emitir comunicados o remover funcionarios. Es indispensable transformar las malas prácticas, reforzar controles y priorizar la protección de derechos por encima de la defensa de intereses políticos e ideológicos.
Para revertir esta ruina administrativa se requieren medidas estructurales: una reforma integral del servicio profesional de carrera que garantice que los funcionarios públicos sean seleccionados y evaluados por mérito y no por filiación o lealtad política; el fortalecimiento de los órganos internos de control y de las fiscalías anticorrupción, dotándolos de autonomía real y recursos suficientes para investigar y sancionar a servidores públicos de cualquier nivel; y una revisión profunda del papel de la SCJN, asegurando que su integración y funcionamiento respondan a criterios de excelencia jurídica y no a cuotas de poder.
México no debe seguir permitiendo que sus instituciones se conviertan en enemigas de su propio pueblo. La transformación del servicio público es la deuda más urgente de la democracia mexicana.
Aly Corany Abdallah
Analista, socialdemócrata y librepensador.
Licenciado en Derecho, Licenciado en Gestión y Desarrollo Empresarial, y TSU en Comercialización Inmobiliaria. Actualmente, cursa la Maestría en Derecho Digital y Juicios en Línea. Su enfoque multidisciplinario le permite analizar la realidad política y geopolítica desde una perspectiva integral.
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