Hay preguntas que incomodan, pero que una sociedad responsable no puede dejar de hacer.
La reciente discusión en torno a los centros de rehabilitación vinculados con la llamada Patrulla Espiritual no debería reducirse a una defensa o condena de quienes realizan esta labor. El debate es mucho más profundo: ¿bajo qué condiciones están operando estos centros, desde cuándo y quién los ha supervisado?
Reconocer el trabajo que realizan no significa cerrar los ojos ante las obligaciones que cualquier institución dedicada a la atención de personas en situación de adicción debe cumplir.
Su labor puede ser abismal. Requiere tiempo, esfuerzo, voluntad y, sobre todo, una disposición para hacer algo que no todos están dispuestos a hacer: acercarse a personas que atraviesan momentos de enorme vulnerabilidad.
Pero una cosa es ayudar y otra muy distinta es contar con la capacidad técnica, profesional y humana necesaria para brindar rehabilitación.
Ellos mismos denominan a algunas de las personas que atienden como “tazos dorados”. Precisamente por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran, cabe preguntar: ¿quién determina qué tratamiento necesitan?, ¿existe personal profesional capacitado?, ¿hay protocolos?, ¿se cumplen las normas sanitarias?, ¿existen mecanismos de supervisión?, ¿se cuenta con las autorizaciones correspondientes?
Y hay una pregunta todavía más importante: si existen posibles irregularidades, ¿desde cuándo se conocen y por qué se permitió que continuaran?
No se trata de perseguir a quienes ayudan. Se trata de investigar.
Y la investigación debe ir más allá de un solo centro. Si existen otros establecimientos de rehabilitación que tampoco cumplen con las disposiciones legales, deberán revisarse de la misma manera y, en su caso, realizarse las acciones que correspondan.
Porque la ley no puede aplicarse dependiendo de quién presta el servicio.
Tampoco podemos pasar por alto algo que ya señalé en mi editorial anterior: los derechos humanos no desaparecen porque una persona tenga una adicción.
Grabar, exhibir o monetizar imágenes de personas en estados de intoxicación o vulnerabilidad extrema plantea serios cuestionamientos sobre dignidad, consentimiento y protección de la persona. Si alguien no se encuentra en condiciones reales de comprender las consecuencias de ser expuesto públicamente, ¿podemos hablar verdaderamente de consentimiento?
La dignidad humana no puede convertirse en contenido.
Si estos centros quieren continuar realizando una labor tan necesaria, entonces también debemos exigirles algo elemental: capacitación, protocolos y profesionales. Psicólogos, médicos, trabajadores sociales y especialistas en adicciones deben formar parte de una atención que aspire realmente a rehabilitar y no únicamente a contener.
Y aquí también hay una responsabilidad enorme del gobierno.
El Estado no puede limitarse a observar desde la distancia mientras organizaciones civiles intentan atender un problema que, por su magnitud, también le corresponde enfrentar.
Supervisar, regular, capacitar y garantizar atención profesional no significa obstaculizar la ayuda: significa hacerla más segura, más digna y más efectiva.
Ayudar es valioso.
Ayudar correctamente, respetando la ley y la dignidad humana, es indispensable.
Porque la pregunta no es si debemos ayudar a quienes luchan contra las adicciones.
Ningún centro rehabilitación debería de tener licencia para matar. 007.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
