Atacar a la pobreza y los orígenes de la violencia es una fórmula que debe incluirse como una de las estrategias en combate a los cárteles, pero sobre todo se requiere disposición del gobierno a escuchar y a poner en práctica lo que se aconseja hacer o cambiar
¿Qué futuro enfrentaría México a mediano plazo si persistiera la idea –digamos que cimentada realmente en la buena fe del presidente Andrés Manuel López Obrador– de que se podía vencer a los cárteles del narcotráfico con abrazos, regaño filial a los malos y/o amor solidario, clientelar y subsidiario a los cerca de 60 millones de connacionales que sobreviven en algunos de los estratos de pobreza que se forjaron en los 38 años de neoliberalismo, plutocracia y corrupción que vivió y vive la nación?
Ya más asentado en el gobierno, más conocedor de la realidad y con las riendas del poder cada día más bajo control mediante la implementación de acciones efectistas tipo Consulta Popular, la recuperación de multimillonarios recursos fiscales evadidos por grandes empresarios a lo largo de los años, la reducción implacable del gasto público, la rifa del avión presidencial y lo que usted quiera agregar, el gobierno federal está cambiando su estrategia para enfrentar los crecientes desafíos que a diario plantan los 11 grandes grupos delincuenciales que operan en el país y el extranjero.
Se sabe que las prioridades del gobierno mexicano para combatir al narcotráfico también se basan en cinco ejes de acción:
- El combate a los sicarios y a los líderes de los cárteles;
- El combate a la corrupción política que protege a los delincuentes, sobre todo en los ámbitos locales;
- El combate a sus estructuras financieras para evitar que sigan reproduciendo los mecanismos con los cuales pagan a sicarios y a narcomenudistas;
- El combate a la base social que los apoya mediante programas sociales y de inclusión financiera, y
- El combate a la corrupción judicial, ministerial y policial que los protege al brindarles apoyo jurídico y logístico.
En el acomodo de este nuevo proyecto de seguridad para enfrentar a los criminales, sanamente alejado de la visión decidida y abiertamente militaristas, represiva y violenta que del problema tiene el gobierno estadounidense, destaca el papel que hasta hoy juega la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) que dirige Santiago Nieto Castillo, sin duda una de las piezas claves para tratar de contener y desalentar las actividades de los 11 cárteles.
Pero la gran tarea que impone aplicar la estrategia oficial contra los delincuentes por momentos parece ser la que Tánatos (la Muerte) encargó a Sísifo en el inframundo griego.
Lo es más cuando nos enteramos, con apenas unos cuantos días de diferencia, que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Instituto de Análisis para la Defensa del Departamento de Defensa estadounidense, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro –también del vecino país–, y la Secretaría de Hacienda, a través de la UNIF, proporcionaron información sobre el implacable crecimiento de los dos cárteles más poderosos de México.
Por ejemplo, el pasado 4 de octubre conocimos que la DEA ubicó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el tercer lugar de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del planeta, solo detrás de la mafia rusa y las triadas chinas.
Desde su formación en el año previo a la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, esta organización criminal logró expandirse en casi todo el territorio nacional y tiene presencia internacional en Estados Unidos, Colombia, Canadá, Argentina, Holanda, Ghana, Nigeria, Marruecos, Rusia, China, Corea del Sur, Alemania, Perú, Centroamérica, Bolivia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Polonia, Australia y Camboya, con lo que en 2018 habría superado al Cártel de Sinaloa.
Pero los del Pacífico no se quedan atrás. Luego de los hechos violentos del 17 de octubre del año pasado que evidenciaron las fortalezas y debilidades del nuevo gobierno en materia de seguridad pública, el grupo criminal demostró que pese a los esfuerzos gubernamentales por minar su operación sigue agrupando un enorme poder, por lo que continúa en la lista de la DEA que identifica a las cinco más poderosas mafias del orbe, con fuerte presencia en 17 estados de la república, 32 estados de la Unión Americana y más de 50 países.
Por citar un ejemplo del enorme poder que acumulan y la feroz lucha que ambos cárteles sostienen por tener la supremacía en el panorama nacional y mundial de las drogas, así como en otras actividades ilícitas que incluyen lavado de dinero, trata y tráfico internacional de personas, explotación y exportación ilegal de recursos naturales, el huachicoleo de energéticos, el secuestro, la extorsión y el contrabando de automóviles de lujo, mencionaré el caso menor –pero no por ello menos impactante desde el punto de vista social, económico, político y hasta cultural– del daño que ocasionan las desbocadas actividades de estos dos grupos delictivos en Baja California.
En 2014, más intensamente en 2015, el CJNG arribó al municipio de Ensenada que estaba bajo el control del Cártel de Sinaloa y reportaba una tasa anual de homicidios dolosos de 10 personas por cada 100 mil habitantes.
Como se esperaba, la guerra estalló entre los colosos criminales porque está en juego el control del puerto de altura para el trasiego estratégico de narcóticos y otros productos derivados de su quehacer delictivo, situación que ya ocurría en los puertos de Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Mazatlán, Sinaloa; y La Paz, Baja California Sur, en el Pacífico mexicano.
El pasado 31 de agosto, al darse a conocer la Estadística de Incidencia Delictiva Estatal y Municipal que elabora la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (Gesi) dependiente de la Fiscalía General del Estado, la tasa de homicidios alevosos en Ensenada se situó en 45 muertes por cada 100 mil habitantes.
Es decir, en 5 años la cifra creció en más de un 340 por ciento, mientras que por el número de asesinatos contabilizados oficialmente la cantidad aumentó en el periodo en 570 por ciento.
Este fenómeno revela de manera objetiva, pero dramática para los más de 400 mil habitantes de Ensenada, que la operación letal de ambos cárteles no disminuyó en los últimos años de gobierno de Enrique Peña Nieto –algo que no sorprende– ni en los 24 meses de administración del presidente López Obrador.
¿Por qué los grupos criminales siguen haciendo de las suyas si se supone que el nuevo gobierno tiene otra estrategia de seguridad que, a decir del tabasqueño, es la correcta y es exitosa?
Parece que una respuesta está en la pobreza crónica que afecta a casi la mitad de la población mexicana.
Para Karina García Reyes, profesora de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales, y del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bristol (Reino Unido), la pobreza y las “masculinidades tóxicas” –como llama al machismo–, son las causas del crimen y la violencia en México y otras naciones de América Latina.
Afirma: “Las experiencias de vida diaria en aquellos que viven en pobreza son el caldo de cultivo para todo tipo de violencia (doméstica, de género, de pandillas). Todo esto enmarcado por un tipo de violencia invisible y pocas veces reconocida: la violencia estructural del Estado.”
En mucho la académica tiene razón. Para los estudiosos, los políticos y la sociedad civil pequeña burgués el concepto “pobreza” no pasa de ser algo ajeno a su realidad cotidiana.
No conocen y mucho menos vive y comprenden su verdadero significado.
Por eso, para García Reyes el problema de la violencia únicamente se puede minimizar y evitar si se entiende y ataca localmente.
Reflexiona: “Cada región, cada barrio tiene problemas y necesidades específicas. Las políticas públicas diseñadas en masa no funcionan. Y tal vez este es el gran problema: la solución de raíz al problema de la violencia no ofrece grandes recompensas a los políticos.”
Afirma también que son las masculinidades dominantes las que no sólo justifican, sino que incentivan la violencia, por lo que la solución oficial a los problemas de inseguridad invariablemente incluye la agresión y la implementación de políticas de seguridad militarizadas.
¿Acaso no es esa la opción de la Guardia Nacional bajo mando militar, o la política de desplegar en las calles –hasta marzo del 2024– al Ejército y a la Marina para que ayuden en tareas de seguridad pública ante la permanencia, crecimiento y avance incontrolable de los grupos criminales en las ciudades y el campo mexicano, tal y como lo demuestra el caso Ensenada?
Para la especialista, la política de no violencia, de “abrazos no balazos”, del “amor y paz”, de la “reconciliación y perdón” no eran ni son una opción en México porque el machismo y la violencia están institucionalizados quizás no en el presidente, pero sí en la cultura de enormes segmentos empobrecidos de la sociedad mexicana, aquella de la que se nutren a diario los políticos, los funcionarios corruptos y sí, obviamente, el crimen organizado.
Entonces, parece que la clave para atacar y reducir la violencia es entenderla: ¿De dónde viene? ¿Quién y cómo se justifica? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo se ha lidiado con ella?
Contestar atinadamente a estas preguntas requiere un cambio de modelo, un enfoque interdisciplinario que resuelva localmente los problemas y no privilegie la ayuda superficial, transitoria y clientelar a los pobres. Sí, primero están ellos, pero con honestidad, inteligencia y sentido común en la actuación de gobierno.
Pero sobre todo disposición del gobierno a escuchar y a poner en práctica lo que de buena fe se aconseja hacer o cambiar. Algo que desafortunadamente es una virtud que tampoco se da comúnmente en la actual administración federal.
Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.
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