La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia que se precie. La función de los periodistas y trabajadores de la prensa es esencial para garantizar que la ciudadanía esté informada, participe activamente en la sociedad y pueda ejercer sus derechos de manera libre. Sin embargo, en un contexto como el de Chihuahua, donde el ejercicio periodístico se enfrenta a amenazas constantes, resulta crucial avanzar hacia un marco legal que garantice la protección integral de quienes realizan esta labor, con especial énfasis en el enfoque de género, para garantizar la seguridad y la equidad en el ejercicio del periodismo.
La reciente iniciativa de Ley para la Protección Integral de Personas Periodistas y Trabajadoras de la Prensa del Estado de Chihuahua es un paso significativo en la lucha por la seguridad y la justicia para los trabajadores de los medios de comunicación. Esta iniciativa busca, entre otras cosas, establecer medidas claras para proteger a las personas periodistas, tanto en su ejercicio profesional como en su vida cotidiana, así como una respuesta institucional frente a las amenazas, agresiones y actos de violencia que sufren a manos de actores externos e internos. Sin embargo, para que esta ley sea verdaderamente efectiva y logre cubrir las realidades diversas de quienes ejercen esta profesión, es fundamental que tenga un enfoque de género explícito y riguroso.
Las mujeres periodistas enfrentan obstáculos adicionales que complican aún más su trabajo en un entorno tan hostil como el de Chihuahua. La violencia de género se presenta de manera constante, no solo en forma de acoso sexual o intimidación, sino también a través de amenazas, difamación y una constante descalificación de su trabajo por parte de ciertos sectores de la sociedad. Esta violencia no se limita a los ataques directos a la integridad física de las periodistas, sino que se manifiesta también en las presiones sociales y culturales que condicionan su desempeño, además de las barreras estructurales que limitan su acceso a cargos de decisión o la representación equitativa en los medios de comunicación.
El fortalecimiento de la Ley para la Protección Integral de Personas Periodistas debe incluir un enfoque de género transversal que no solo reconozca las violencias específicas contra las mujeres periodistas, sino que también implemente estrategias de prevención y reparación eficaces. La propuesta debe abordar varios puntos clave:
1. Protección jurídica efectiva: Las mujeres periodistas deben tener acceso a mecanismos legales ágiles y efectivos que les permitan denunciar y recibir protección inmediata frente a cualquier tipo de violencia, tanto digital como física. Además, las denuncias deben ser atendidas con un enfoque de género que garantice que no se minimicen ni se descalifiquen las agresiones.
2. Espacios seguros y apoyo psicológico: La ley debe contemplar la creación de espacios seguros en los medios de comunicación, donde las periodistas puedan compartir experiencias, recibir apoyo psicológico y acceder a recursos de capacitación sobre autocuidado y manejo del estrés. Además, la implementación de un sistema de acompañamiento psicológico para las víctimas de agresiones sería fundamental para su rehabilitación y reintegración en su labor.
3. Representación equitativa: Un aspecto crucial de la ley es promover una representación equitativa entre hombres y mujeres en todos los niveles de la estructura periodística. Esto no solo implica la inclusión de más mujeres en puestos de toma de decisiones en medios de comunicación, sino también en las políticas públicas relacionadas con la seguridad y el ejercicio de la prensa.
4. Capacitación y sensibilización: El gobierno y los medios de comunicación deben trabajar conjuntamente para desarrollar programas de sensibilización sobre la violencia de género en el periodismo. Estos programas deben abarcar desde la formación de periodistas hasta la concientización de la sociedad sobre los riesgos y desafíos que enfrentan las mujeres en la profesión.
En un contexto donde las amenazas y agresiones contra la prensa son cada vez más frecuentes, el enfoque de género se convierte en una herramienta clave para garantizar que las mujeres periodistas puedan ejercer su labor con libertad y seguridad, sin tener que enfrentar una doble discriminación por su condición de género. Solo así, podremos avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre, donde el periodismo sea realmente un instrumento de democracia y pluralidad.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.
