La cuestión de si las autoridades de Chihuahua colaboran con las fuerzas de seguridad de EE. UU. no es menor ni coyuntural; forma parte del delicado terreno del federalismo mexicano, la soberanía nacional y, más importante aún, la naturaleza del crimen organizado en regiones donde el Estado ha mostrado limitaciones históricas. Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sugieren la posibilidad de una coordinación “fuera del marco legal”, trazan una línea fina en el debate. No se trata solo de una división política entre niveles de gobierno, sino de un riesgo de extralimitación institucional.
La Constitución mexicana establece expresamente que la política exterior —y, por ende, la relación con agencias de seguridad extranjeras— es competencia exclusiva de la Federación. Si este principio se vulnera, no solo se abre un debate legal, sino que se sienta un precedente político de alto riesgo.
En Chihuahua, sin embargo, la realidad ha sido más compleja desde hace tiempo. La frontera con Estados Unidos no es simplemente una línea divisoria, sino un espacio de interacción constante en el que el crimen organizado opera bajo una lógica transnacional. A la luz de esto, el impulso —o incluso la tentación— de buscar apoyo directo de autoridades estadounidenses no es nuevo. Lo que sí lo es, en cambio, es que una práctica que durante años pudo haberse movido en zonas ambiguas haya salido a la luz en un momento de alta tensión política nacional.
Las críticas del senador Javier Corral apuntan en una dirección distinta, pero complementaria: la opacidad. Más allá del riesgo de intervención de agentes extranjeros, la versión oficial resulta, por decir lo menos, poco clara. Este tipo de episodios pone de relieve una preocupación central: la falta de datos verificables que permitan trazar los límites entre la cooperación institucional legítima y una posible extralimitación operativa.
Diversos informes han sugerido la existencia de una cooperación constante entre la fiscalía estatal y agencias como la CIA, incluso con presencia operativa en campo y bajo cobertura local. De ser así, no estaríamos ante un hecho aislado, sino frente a un esquema de coordinación estructural que operaría fuera del marco institucional mexicano. Las implicaciones son serias: evidenciarían un debilitamiento gradual de los controles institucionales en favor de la eficiencia operativa.
No obstante, reducir el problema a una simple oposición entre legalidad e ilegalidad sería una simplificación excesiva. Existe un contexto más inquietante: ¿qué ocurre cuando las instituciones locales enfrentan amenazas que superan sus capacidades? En estados como Chihuahua, marcados por la violencia vinculada al narcotráfico, la urgencia por obtener resultados puede llevar a que la inmediatez prevalezca sobre los procedimientos. Sin embargo, esa presión conlleva riesgos considerables.
La negativa del gobierno federal a reconocer la participación formal de agentes extranjeros introduce un nuevo punto de fricción: la existencia de versiones contradictorias. Mientras el gobierno central insiste en la legalidad, actores locales presentan testimonios y evidencias que apuntan a formas más flexibles —y potencialmente riesgosas— de cooperación. Esta contradicción alimenta la desconfianza pública.
En su núcleo, el caso ejemplifica una tensión política que trasciende el momento y comienza a proyectarse hacia el ciclo electoral de 2027. La seguridad tiene un peso determinante en la percepción ciudadana, y la soberanía se convierte en una herramienta política de alto impacto. Para el Partido Acción Nacional en Chihuahua, el costo no radica necesariamente en la eficacia operativa, sino en la percepción de haber rebasado límites institucionales.
Sin embargo, la responsabilidad no es exclusiva. Durante años, distintos niveles de gobierno han tolerado —e incluso promovido— mecanismos de cooperación internacional poco transparentes, bajo el argumento de que el combate al crimen organizado exige medidas excepcionales. Esa ambigüedad hoy pasa factura.
La pregunta que cierra el debate —y que atraviesa tanto el análisis mediático como la discusión pública— es tan incómoda como inevitable: ¿importa más que funcione o cómo se hace? La respuesta no admite simplificaciones. Un Estado que sacrifica la legalidad en nombre de la eficiencia erosiona su propia legitimidad; pero uno que se aferra a la forma sin atender el fondo corre el riesgo de volverse irrelevante frente a la realidad que pretende gobernar.
Chihuahua vuelve así al centro de esta contradicción. Lo que se decida en este caso no solo definirá responsabilidades inmediatas, sino también los límites futuros de la seguridad, la soberanía y el ejercicio del poder en México.
David Gamboa
Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network.
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