El pasado 9 de junio presenté en tribuna un exhorto dirigido a la Fiscalía del Estado para atender una práctica alarmante que comienza a documentarse: el uso fraudulento del cambio registral de género por parte de hombres acusados de violencia o que enfrentan procesos judiciales, como estrategia para evadir la justicia y acceder a espacios destinados a proteger a mujeres víctimas.
Esta conducta no solo constituye un fraude procesal, sino que configura una nueva forma de revictimización institucional. La reacción ante esta denuncia ha sido intensa. En lugar de abordar el problema de fondo, algunos sectores han intentado desvirtuarlo, generando confusión y polarización en la opinión pública.
Quiero dejar muy clara una distinción fundamental: la diferencia entre el concepto de alienación parental y la figura de violencia vicaria.
La alienación parental, pese a su difusión mediática, carece de sustento científico, ha sido rechazada por organismos internacionales como la ONU y la OMS, y no se encuentra reconocida en el marco jurídico mexicano. En la práctica, ha sido usada como una herramienta para desacreditar a mujeres que denuncian violencia, acusándolas de manipular a sus hijos para impedir la convivencia con el padre, incluso cuando existen antecedentes claros de agresión.
En contraste, la violencia vicaria está sustentada en evidencia judicial, académica y psicológica. Esta figura describe el uso deliberado de hijas e hijos —no como sujetos a proteger, sino como medios para dañar a la madre— en contextos donde ya ha existido violencia. No se trata de simples disputas por la custodia, sino de una estrategia de continuidad del poder, el control y la agresión, a menudo disfrazada bajo formas jurídicas aparentemente legítimas.
Reconocer la violencia vicaria como una forma específica de violencia de género no implica negar que existan también situaciones familiares injustas para los hombres. Lo que se exige es aceptar que, históricamente, el sistema de justicia ha operado con desigualdad, y muchas mujeres han sido revictimizadas: primero por la agresión, luego por instituciones que descartan o dilatan sus denuncias, y finalmente por discursos que las acusan de manipulación.
Legislar con perspectiva de género no es legislar contra alguien; es legislar para garantizar un piso parejo que aún no existe. La igualdad sustantiva no se logra ignorando las desigualdades estructurales, sino corrigiéndolas con mecanismos específicos, hasta alcanzar relaciones más equitativas en lo legal, lo social y lo familiar.
Algunos han intentado argumentar que, al no reconocerse la figura de la alienación parental, los hombres pierden su derecho a denunciar la falta de convivencia con sus hijos. Esto es falso. Ya existen mecanismos legales para abordar estas situaciones.
Por ejemplo, el artículo 193 del Código Penal establece sanciones para quien ejerza violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro o fuera del ámbito familiar. Este mismo artículo contempla como violencia psicológica o emocional el hecho de que uno de los progenitores impida sin justificación legal que el otro conviva con los menores. Es decir, la ley ya castiga esta conducta sin necesidad de recurrir a figuras pseudocientíficas.
Esta iniciativa no nace de una postura ideológica ni de un capricho. Nace del acompañamiento a víctimas, del respaldo de la evidencia judicial y del trabajo incansable de organizaciones como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que han documentado rigurosamente los impactos devastadores de esta forma de violencia.
La desinformación no puede seguir guiando el debate público. Seguiremos hablando con firmeza, con argumentos y con respeto, por todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes que aún esperan justicia.
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
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