A menos de un mes de que venza el plazo para registrar las líneas telefónicas móviles en México, la participación ciudadana sigue siendo sorprendentemente baja. Aunque las cifras oficiales reportan millones de líneas registradas, el país tiene más de 145 millones de líneas activas. Esto significa que una parte importante de los usuarios todavía no ha realizado el trámite.
¿Qué nos está diciendo esta resistencia colectiva? Desde el gobierno se ha insistido en que la medida busca combatir delitos como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual. Sobre el papel suena razonable, sin embargo, la baja participación revela algo mucho más profundo: una creciente falta de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones encargadas de resguardar su información personal.
México vive una crisis permanente de confianza pública, filtraciones de datos, hackeos a dependencias gubernamentales, robo de identidad, fraudes digitales y bases de datos circulando en el mercado negro han erosionado durante años la credibilidad institucional. Pedirle a la población que entregue más información sin antes demostrar que puede proteger la que ya tiene es una apuesta complicada.
Las preocupaciones no son imaginarias, organizaciones especializadas en derechos digitales y privacidad han señalado vulnerabilidades en los sistemas de registro, falta de transparencia sobre el manejo de la información y dudas sobre la efectividad real de estos padrones para combatir el delito. La experiencia internacional tampoco es contundente; en diversos países donde se han implementado esquemas similares, los grupos criminales han encontrado formas de evadir los controles mediante identidades falsas, documentos robados o líneas registradas por terceros.
Pero la discusión más importante es que mientras millones de mexicanos enfrentan problemas diarios relacionados con la inseguridad, la falta de infraestructura, el deterioro de carreteras, la escasez de agua, la saturación de hospitales, la baja competitividad de muchas regiones y el rezago educativo, resulta inevitable preguntarse si ésta era realmente la prioridad legislativa del momento.
Porque la ciudadanía observa cómo el Estado le exige más trámites, más registros y más información, mientras siguen pendientes reformas que impulsen la inversión, mejoren la infraestructura estratégica, fortalezcan la generación de empleo o eleven la calidad de los servicios públicos.
Da la impresión de que una parte importante de nuestra clase política se ha vuelto experta en administrar controles, pero no necesariamente en construir soluciones.
Es más sencillo crear un padrón que resolver el problema de la extorsión, es más sencillo pedir datos que recuperar la confianza, es más sencillo legislar sobre el ciudadano que legislar para mejorar las condiciones que afectan su vida cotidiana, y quizá por eso la baja participación merece analizarse con seriedad.
El dato que llama la atención no son los millones de líneas registradas, sino los millones que todavía no se registran. Y cuando millones de ciudadanos deciden posponer, ignorar o resistirse a una política pública, el mensaje merece ser escuchado; no necesariamente significa que estén a favor de la delincuencia, puede significar que no están convencidos de que sus datos estarán seguros, puede significar que no creen que la medida vaya a resolver el problema que promete resolver, o puede significar algo aún más delicado: que la distancia entre gobierno y ciudadanía sigue creciendo.
La confianza es el activo más valioso de cualquier política pública. Sin ella, ni las mejores plataformas tecnológicas, ni los plazos obligatorios, ni las amenazas de sanción logran generar legitimidad.
Al final, este registro telefónico está dejando una lección que va mucho más allá de los celulares. Los ciudadanos están enviando un mensaje, sin que alguien este dispuesto a escucharlo.
Porque cuando el Congreso dedica tiempo a decirnos cómo registrar nuestro teléfono, mientras seguimos esperando mejores carreteras, mejor infraestructura, más competitividad, más seguridad y mejores oportunidades.
No deberían quienes nos representan, legislar sobre los problemas que realmente le duelen al país?
Thor Salayandia
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
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