EL PREDIAL SUBE, LOS PENDIENTES TAMBIÉN
En Ciudad Juárez, el incremento al impuesto predial plantea una pregunta que el Ayuntamiento no puede eludir: ¿qué gana la ciudadanía cuando aumenta su contribución, si los problemas cotidianos de la ciudad siguen sin resolverse?
Pagar impuestos es una obligación ciudadana, pero administrarlos con eficiencia y traducirlos en beneficios colectivos es una responsabilidad del gobierno. Esa relación es fundamental para sostener la confianza entre autoridades y contribuyentes. Cuando el cobro aumenta y los servicios no mejoran, la inconformidad deja de ser una simple reacción al golpe en el bolsillo y se convierte en un cuestionamiento legítimo sobre las prioridades de la administración municipal.
Basta recorrer las calles juarenses para encontrar razones de sobra para ese cuestionamiento. El pavimento deteriorado y los baches forman parte del paisaje cotidiano; en algunas zonas, la falta de alumbrado público compromete la seguridad y dificulta el tránsito nocturno; mientras tanto, las fallas en la recolección de basura afectan la limpieza y la imagen de distintos sectores de la ciudad.
Son deficiencias que no necesitan grandes diagnósticos para hacerse evidentes. Las padecen quienes dañan sus vehículos al intentar esquivar un bache, las familias que regresan a casa por calles oscuras y los vecinos que esperan un servicio de limpieza regular. Para ellos, la calidad de la administración pública no se mide en informes ni en conferencias de prensa, sino en las condiciones de su entorno.
Es cierto que Ciudad Juárez enfrenta rezagos urbanos importantes y que atenderlos requiere recursos. También es razonable que el gobierno municipal busque fortalecer sus ingresos para financiar obras y servicios. Sin embargo, esa necesidad no constituye un cheque en blanco para incrementar la carga fiscal de los ciudadanos sin explicar con claridad cómo se utilizará el dinero adicional ni qué resultados se compromete a entregar.
La recaudación no puede convertirse en el principal indicador del éxito de un gobierno. Su verdadera medida está en lo que hace con los recursos que recibe.
Un aumento al predial debería estar acompañado de una estrategia verificable: prioridades de inversión, metas de rehabilitación de calles, atención a las fallas de alumbrado, cumplimiento de las rutas de recolección y mecanismos para que la población conozca los avances. No basta con señalar que se necesita más dinero; es indispensable demostrar que ese dinero se administra bien y que produce resultados.
Además, el esfuerzo fiscal no ocurre en el vacío. Las familias juarenses también enfrentan el encarecimiento de sus gastos cotidianos y deben ajustar sus presupuestos para cumplir con sus obligaciones. Por eso, exigirles una aportación mayor sin ofrecer respuestas visibles deteriora la confianza y alimenta la percepción de que la recaudación importa más que las necesidades de la ciudad.
El Ayuntamiento tiene la oportunidad de demostrar que el incremento no se limita a engrosar las arcas municipales, sino que forma parte de una política orientada a resolver problemas concretos. Para ello, necesita transparencia, rendición de cuentas y una relación más clara entre los ingresos que obtiene y las mejoras que entrega.
La ciudadanía no pide calles perfectas de un día para otro ni pretende desconocer la magnitud de los desafíos urbanos. Exige algo más elemental: que sus contribuciones se administren responsablemente y que las necesidades más evidentes no sigan esperando indefinidamente.
En una ciudad con tantos pendientes, la discusión sobre el predial no debería reducirse a cuánto está dispuesto a cobrar el gobierno, sino a qué tan capaz es de responder a las necesidades de quienes pagan.
Porque el problema no es solamente que aumente el impuesto. Es que, mientras el recibo refleja una cifra mayor, demasiadas calles siguen contando la misma historia.
Y esa es una cuenta que el Ayuntamiento todavía tiene que saldar con los juarenses.

Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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