Apenas terminaron los discursos de septiembre sobre independencia y soberanía cuando la realidad volvió a recordarnos una verdad incómoda: en amplias regiones del país, el poder público no es el único que decide. El crimen organizado también gobierna, veta candidaturas y administra territorios. No necesita aparecer en la boleta. Le basta con controlar a quienes sí aparecen.
El nuevo reporte de Votar entre Balas debería encender todas las alarmas rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas. Seis entidades concentran 56 por ciento de la violencia político-criminal registrada durante 2026: Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Michoacán. No hablamos de una amenaza teórica. Los registros incluyen 145 asesinatos, 34 ataques armados y 23 secuestros. Sinaloa encabeza la lista con 33 víctimas.
Oaxaca representa 8 por ciento de esos hechos. El dato no puede esconderse debajo de la propaganda oficial. Significa que la competencia política ocurre donde grupos criminales, cacicazgos, conflictos agrarios, policías débiles, fiscalías rebasadas e intereses ilegales pueden alterar la voluntad ciudadana. Una elección deja de ser libre cuando un candidato necesita permiso para entrar a una comunidad, recibe dinero ilícito o es obligado a retirarse bajo amenaza.
Mientras tanto, los partidos están concentrados en sus “corcholatas”, sus alianzas y sus pleitos internos. Discuten nombres antes que capacidades. Calculan popularidad, cuotas y lealtades, pero casi nunca preguntan quién conoce el mapa criminal de su estado o quién está dispuesto a depurar corporaciones infiltradas. Quieren candidatos competitivos. México necesita gobernantes capaces de recuperar el territorio.
La violencia política no comienza con el asesinato de un aspirante. Empieza mucho antes, cuando el crimen decide quién puede hacer campaña, qué rutas puede recorrer, qué municipio debe evitar y con quién tiene que negociar. También ocurre cuando financia estructuras electorales, intimida autoridades y coloca funcionarios. El balazo es la expresión más visible; la captura institucional es el objetivo.
Sería injusto negar que el actual gabinete federal de seguridad ha mostrado mayor capacidad operativa que el del sexenio anterior. Omar García Harfuch ha impuesto coordinación, inteligencia y resultados que durante años fueron sustituidos por discursos. Pero ningún secretario puede cargar solo con la seguridad de toda la República, ni convertirse en bombero permanente de gobernadores que rehúyen su responsabilidad. La Federación puede contener crisis; no puede reemplazar indefinidamente a 32 gobiernos estatales y miles de municipios.
Por eso, antes de repartir candidaturas, los partidos deberían obligar a cada aspirante a responder preguntas elementales. ¿Qué municipios están bajo presión criminal? ¿Cómo depurará la policía? ¿Qué hará contra la extorsión? ¿Cómo fortalecerá ministerios públicos e inteligencia? ¿Qué controles aplicará al financiamiento de campaña? ¿Con qué indicadores rendirá cuentas? Quien no pueda responder no debería gobernar.
También la presidente Claudia Sheinbaum tiene una responsabilidad política mayor. Su gobierno debe establecer reglas nacionales para proteger procesos electorales, investigar el dinero criminal y coordinar acciones preventivas antes de las campañas. Reaccionar después de los asesinatos ya no basta. Cada candidato ejecutado, amenazado o cooptado constituye una derrota del Estado.
No hay soberanía donde el crimen controla el acceso a una comunidad. No hay democracia donde una organización delictiva decide quién compite. No hay gobernabilidad donde los ciudadanos votan entre miedo, dinero y amenazas. Y no hay Estado de derecho cuando todos conocen a los poderes criminales locales, pero nadie se atreve a tocarlos.
La elección de 2027 ya empezó, aunque todavía no haya campañas formales. Empezó en los territorios donde se disputan rutas, presupuestos, policías y gobiernos municipales. Si los partidos siguen seleccionando candidatos como si el país viviera en normalidad, llegarán tarde. Porque cuando la política abandona el territorio, el crimen no deja un vacío: lo ocupa.
México no puede aceptar elecciones vigiladas por sicarios ni gobiernos nacidos con deudas criminales. Los partidos elegirán nombres; los ciudadanos emitirán votos. Pero si el Estado no recupera el control, serán los delincuentes quienes decidan quién llega, quién obedece y quién muere. Eso no es democracia. Es una capitulación.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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