En México, la designación de ministros, magistrados y jueces ha sido motivo de intenso debate. Sin embargo, entre cálculos políticos y disputas de poder, surge una cuestión esencial: ¿Qué pasa con el acceso a la justicia? ¿Qué hay de los derechos de las personas justiciables y las víctimas? Estas preguntas, que deberían ser el eje central, parecen relegadas a un segundo plano.
La reforma judicial ya es una realidad, nos guste o no. Lo que queda por hacer es garantizar que la elección de las personas juzgadoras resulte en un Poder Judicial más humano, eficiente y equitativo. Aunque podamos disentir sobre el diagnóstico que dio origen a la reforma o sobre su metodología, debemos centrarnos en el objetivo final: justicia pronta, imparcial y accesible para quienes más la necesitan.
Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del INEGI, en 2022 ingresaron 244,704 causas penales en los tribunales estatales, en el mismo periodo se efectuaron 126, 864 determinaciones y/o conclusiones, es decir un 52 % . Este volumen evidencia la urgencia de contar con un sistema judicial eficiente, transparente y enfocado en los derechos humanos. Eso sin contar kla cifra negra de delitos, es decir, los que ni siquiera se denunciaron que en 2023 fue de solo 10.9% los que sí se denunciaron.
Las recientes reformas a la Ley de Amparo representan un retroceso en ese sentido. Ahora, las resoluciones sobre la inconstitucionalidad de normas generales benefician únicamente al promovente, limitando su alcance colectivo. Por ejemplo, un amparo que garantice medicamentos para tratar el cáncer solo protegerá al demandante, excluyendo a miles de personas en situaciones similares, una lástima para causas que verdaderamente debieran de ser del máximo interés. Parciera que seguimos avanzando a una sociedad que se dice en progreso pero que va dejando de lado a los “otros”: los pobres, los desfavorecidos, los discriminados, los que no cumplen con el canon de seguir el camino amarillo.
Esta limitación agrava la desigualdad en el acceso a la justicia. Mientras quienes tienen recursos económicos pueden acelerar trámites y contratar personas profesionales de derecho privados, otros enfrentan años de espera sin resolución, atrapados entre la supervivencia y el costo de un juicio de amparo. Así, los derechos humanos dejan de ser universales para convertirse en privilegios. Bellos enunciados en una Constitución que no se cumple.
Para revertir esta tendencia y garantizar un acceso equitativo a la justicia, se requiere:
Presupuesto con enfoque social: Fortalecer las defensorías públicas y garantizar asesoría jurídica gratuita para quienes no pueden costear una defensa adecuada.
Capacitación continua: Asegurar que jueces y magistrados se actualicen en derechos humanos y perspectiva de género con la misma frecuencia y rigor quelos órganos de investigación y persecución del delito: policías y fiscalías.
La justicia no puede ser un privilegio ni un botín político; es un derecho fundamental. Mientras un campesino espere una década por una sentencia agraria o una mujer tema denunciar violencia por desconfianza en los tribunales, cualquier reforma será letra muerta. Los derechos humanos no se defienden con discursos, sino con sentencias justas, procesos imparciales y expedientes resueltos con rigor y celeridad.
La verdadera legitimidad de la reforma judicial dependerá de su capacidad para ofrecer resultados tangibles. Servir a quienes más lo necesitan.
Georgina Bujanda
Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial.
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