En cada jornada electoral, miles de personas participan en una maquinaria compleja que permite que el voto llegue a las urnas, se cuente y se traduzca en resultados. Sin embargo, la mayoría de la ciudadanía solo observa la parte más visible: emitir el voto y conocer quién ganó. Lo que ocurre entre esos dos momentos sigue siendo, para muchos, un terreno poco explorado.
Uno de los elementos menos conocidos es quién hace qué durante el resguardo y el cómputo. Por ejemplo, en cada distrito o municipio, existe un órgano electoral encabezado por un Consejero Presidente, cuyas funciones son operativas y normadas por la ley. Esta figura tiene atribuciones concretas que incluyen recibir los paquetes electorales, verificar que lleguen completos, autorizar el acceso a la bodega electoral bajo ciertas condiciones, y conducir las sesiones donde se revisan los votos y se declaran los resultados oficiales.
No se trata de un personaje simbólico ni decorativo. Su rol es técnico y debe ejecutarse dentro de procedimientos establecidos. Pero como estas tareas suceden fuera del ojo público, muchas veces se desconoce qué puede o no puede hacer esta figura, y se generan dudas o interpretaciones que poco tienen que ver con la realidad normativa.
Por eso, conocer el proceso electoral y las atribuciones de quienes lo operan no debería ser una tarea exclusiva de especialistas o partidos políticos, sino parte del ejercicio básico de ciudadanía. Entender cómo se resguardan los votos, quién los recibe, cómo se computan, y bajo qué condiciones pueden revisarse, es fundamental para darle sentido a nuestra participación y para exigir con argumentos cuando surjan dudas legítimas.
No basta con confiar, tampoco con desconfiar por default. Lo que hace falta es informarnos. Porque solo así podremos participar no solo con el voto, sino con la conciencia de cómo funciona el sistema que lo hace valer.
Pocos ciudadanos sabemos con claridad qué hace realmente esta figura. El Consejero Presidente no solo coordina y valida la recepción de los paquetes electorales; Por ello, tiene facultades expresas para entrar a la bodega electoral—por sí mismo o acompañado por personal autorizado—cuando se requiere verificar el estado de los paquetes, documentar irregularidades o preparar la sesión de cómputo. No se trata de un acceso discrecional, sino de una atribución necesaria para asegurar el cumplimiento del procedimiento legal. Parece una labor técnica, administrativa, burocrática. Pero en realidad es profundamente política.
El problema es que, como sociedad, no miramos hacia ese punto ciego. Nos dejamos llevar por los resultados preliminares, por la narrativa de los partidos, por las encuestas y los comunicados. Y olvidamos que el proceso electoral no termina al cerrar la casilla, sino cuando se abre cada paquete, se cuentan los votos y se validan uno a uno, bajo la supervisión de ese Consejo Distrital que encabeza el Consejero Presidente.
No es casual que ante cada resultado cerrado, cada elección polémica, surjan voces de inconformidad. La desconfianza muchas veces no se origina en el resultado, sino en el desconocimiento del proceso. ¿Qué pasa si un funcionario de casilla resguarda mal las boletas? ¿Quién determina si hubo irregularidad? ¿Cómo se garantiza que las actas llegaron completas y sin manipulaciones? Todas esas decisiones pasan por el Consejo, y muchas veces, por la figura del Presidente Distrital.
Por eso, es fundamental que como ciudadanos cultivemos la perspicacia democrática: esa capacidad de entender los procesos más allá del discurso, de cuestionar sin caer en la desinformación, y de vigilar sin convertirnos en eco de teorías infundadas. La transparencia electoral no solo se exige a las autoridades, también se construye con participación informada.
Nora Sevilla
Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.
