Lo ocurrido en Chihuahua no sólo duele por la tragedia humana; también sacude por lo que revela. Cuatro personas murieron en un accidente después de un operativo vinculado al desmantelamiento de laboratorios clandestinos en la zona de Morelos: dos funcionarios mexicanos y dos integrantes del personal de la Embajada de Estados Unidos. Entre los mexicanos estaban el director de la Agencia Estatal de Investigación y un elemento de la propia corporación. Más allá del accidente, lo verdaderamente delicado es la pregunta que dejó abierta: ¿qué nivel de participación tenían funcionarios estadounidenses en una acción de seguridad desarrollada en territorio mexicano?
Aquí conviene hablar con seriedad y sin exageraciones. Hoy, con la información pública disponible, no se puede afirmar responsablemente que los fallecidos fueran agentes de la CIA. Se ha dicho, sí. Se ha especulado, también. Pero una cosa es el rumor y otra el dato acreditado. Hasta ahora, Reuters, AP y El País coinciden en algo mucho más acotado: eran miembros del personal de la Embajada estadounidense, y las autoridades locales los describieron como instructores o personal que impartía capacitación, en particular sobre uso de drones. La Embajada no ha transparentado más. Y precisamente por eso el vacío de información alimenta sospechas que, por ahora, no están probadas.
Lo preocupante no es solamente quiénes eran, sino bajo qué marco estaban ahí. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno federal no estaba enterado y anunció una revisión para determinar si hubo o no violación a la ley. Después, el fiscal César Jáuregui sostuvo que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del laboratorio, sino que se encontraban en otro punto impartiendo capacitación y luego fueron recogidos por el convoy. Es decir, incluso entre las versiones oficiales hubo matices y rectificaciones. Y cuando se trata de soberanía, seguridad y presencia extranjera, las medias explicaciones no bastan.
El marco jurídico mexicano es claro. Si se tratara del paso de tropas extranjeras por el territorio nacional, la autorización corresponde al Senado de la República, conforme al artículo 76 constitucional. Además, la conducción de la política exterior y la preservación de la seguridad nacional son atribuciones del Ejecutivo Federal, conforme al artículo 89. Y las entidades federativas no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras, de acuerdo con el artículo 117.
Ahora bien, si no hablamos de tropas sino de agentes extranjeros acreditados, entonces aplica la Ley de Seguridad Nacional. Sus artículos 69, 70 y 71 permiten su internación temporal para intercambio de información, pero bajo reglas muy precisas: la acreditación y circunscripción territorial las resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con Seguridad, Defensa y Marina; las reuniones con autoridades locales deben ser autorizadas previamente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y contar con presencia de Relaciones Exteriores; y, sobre todo, esos agentes no pueden ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas, ni ejecutar leyes extranjeras, ni inducir detenciones, privaciones de la libertad o cateos.
Por eso el debate de fondo no debería irse a la consigna fácil, sino a la línea jurídica exacta. La cooperación binacional en frontera existe, es real y en muchos casos es necesaria. Intercambio de información, capacitación, tecnología y coordinación institucional son cosas muy distintas a la intervención operativa directa. Si los funcionarios estadounidenses estaban en Chihuahua como personal acreditado para labores de entrenamiento o enlace, dentro del marco federal correspondiente, estamos ante un tema delicado pero regulado. Si, en cambio, participaron de hecho en una operación de campo sin conocimiento ni autorización federal, entonces sí estaríamos frente a una transgresión seria al orden constitucional y legal mexicano. Hoy, públicamente, eso último no está demostrado.
Y ahí está la verdadera exigencia: transparencia. Porque no ayuda ni minimizar el hecho ni inflarlo con afirmaciones que todavía no resisten prueba. No se defiende la soberanía inventando agencias ni repartiendo etiquetas sin sustento; se defiende exigiendo claridad institucional. Quién autorizó la presencia de ese personal. Bajo qué instrumento jurídico. Con qué alcance. Con qué reporte al gobierno federal. Y si se cumplió o no con la Ley de Seguridad Nacional. Eso es lo que México tiene derecho a saber.
Porque en un asunto así lo más grave no es sólo la presencia extranjera, sino la opacidad. Y cuando la opacidad entra al terreno de la seguridad, lo que se pone en riesgo no es únicamente un operativo: se pone a prueba la seriedad del Estado mexicano frente a su propia soberanía. Si todo se hizo conforme a derecho, que se explique. Y si no fue así, que se asuman responsabilidades. Pero lo que no puede aceptarse es que un hecho de este tamaño quede atrapado entre rumores, versiones contradictorias y silencios diplomáticos.
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
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