Los gobiernos autoritarios nunca confiesan que vienen por la libertad. Siempre aseguran que vienen a protegernos. Protegen tanto al ciudadano que terminan vigilándolo; lo cuidan tanto que acaban silenciándolo; dicen defenderlo de todos los peligros hasta convertir al propio Estado en el peligro mayor.
El régimen ha anunciado ahora su intención de bloquear a los menores de edad el acceso a redes sociales y herramientas de inteligencia artificial. El argumento oficial será seductor: proteger a niñas y niños. Pero detrás de esa coartada se asoma una ambición mucho más oscura: construir la facultad técnica y política para decidir quién puede comunicarse, qué información puede consultar y cuáles herramientas puede utilizar.
Que nadie se engañe. Esto no comienza ni termina con los menores. Una vez instalado el interruptor de la censura, el poder siempre encontrará una nueva justificación para accionarlo. Hoy será la protección de la infancia; mañana, la seguridad nacional; después, el combate a la “desinformación”, al “discurso de odio” o a cualquier expresión que incomode al régimen.
Esta amenaza no aparece de manera aislada. Es el siguiente engranaje de la Ley Espía.
Primero exigieron registrar nuestros celulares para vincular cada línea con una identidad. Después avanzaron sobre nuestros datos biométricos. Ahora pretenden controlar el acceso a las plataformas donde los ciudadanos se informan, aprenden, denuncian, organizan y contradicen al poder. La ruta es tan evidente como aterradora: identificar al individuo, rastrear sus comunicaciones y, finalmente, decidir qué puede ver y qué puede decir.
Cuando un gobierno sabe quién eres, dónde estás, con quién hablas y qué información consultas, ya posee una radiografía de tu vida. Si además adquiere la capacidad de bloquear tus herramientas de comunicación, entonces deja de administrar el Estado y comienza a administrar tu libertad.
Ese es el sueño de todo régimen autoritario: una sociedad perfectamente identificada, permanentemente vigilada y técnicamente silenciable. Quiere convertir el teléfono en un grillete, los datos biométricos en un expediente y el acceso a la información en una concesión revocable del gobierno.
México no necesita tutores ideológicos ni policías digitales. Necesita ciudadanos libres, familias informadas, instituciones limitadas por la Constitución y tecnología al servicio de las personas, no del poder.
Por eso, más que nunca, debemos permanecer firmes y fieles. Firmes frente a la censura. Fieles a la libertad. Frente a su vigilancia masiva, resistencia masiva. Frente a sus bloqueos, libertad sin concesiones. Frente a la Ley Espía y la tecnodictadura, ciudadanos dispuestos a derribar cada uno de sus engranajes.
El régimen debe entenderlo con absoluta claridad: nuestras libertades no son concesiones del gobierno y nuestras voces no dependen de su permiso. Si pretende convertir cada celular en un grillete, cada dato en un expediente y cada plataforma en una prisión digital, encontrará a millones de mexicanos dispuestos a resistir.
Francisco Sánchez Villegas
Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo.
Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad.
Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil.
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