Ante una violación masiva de derechos, la neutralidad también es complicidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya admitió la revisión de un recurso de amparo contra el registro de celulares; ahora debe actuar con firmeza y sepultar esta medida antes de que la vigilancia se convierta en la nueva normalidad de México.
En sus manos están la privacidad, la comunicación y la libertad de millones de mexicanos. Su responsabilidad no admite evasivas: debe declarar ilegal este mecanismo de control y echarlo a la basura de la historia.
El registro de celulares nació como un abuso y se ejecutó como una amenaza. Bajo el disfraz de la seguridad, el régimen decidió tratar a cada ciudadano como sospechoso, condicionar su derecho a comunicarse y obligarlo a entregar información personal para conservar una herramienta indispensable de la vida moderna.
Ningún gobierno democrático puede obligar a sus ciudadanos a elegir entre proteger sus datos o conservar su línea telefónica. Los derechos no se condicionan. La privacidad no se mendiga. La libertad no puede depender de la obediencia.
Hoy millones de mexicanos se encuentran incomunicados. Su único delito ha sido proteger su libertad. No son criminales ni prófugos: son ciudadanos honestos que se negaron a inclinar la cabeza ante una medida autoritaria. Como castigo, el régimen los expulsó de la vida digital y los dejó sin una herramienta esencial para trabajar, estudiar, realizar operaciones y mantenerse cerca de sus familias.
Apagar una línea para castigar la desobediencia es una ejecución digital.
Por eso hoy la Suprema Corte tiene ante sí la oportunidad de decidir de qué lado está, del lado de un régimen que quiere a su pueblo sometido, o del lado de los mexicanos de bien, del lado de la libertad y la ley.
Si México todavía conserva un límite constitucional frente al autoritarismo o si cualquier régimen puede vigilar, amenazar e incomunicar a millones de personas mediante una disposición burocrática. No existen medias tintas: frente a una injusticia de esta magnitud, guardar silencio significa tomar partido por el abuso.
Debe declarar la ilegalidad del registro, ordenar el restablecimiento de las líneas y cerrar la puerta a cualquier intento futuro de imponer vigilancia masiva bajo falsos pretextos de seguridad.
Este es el momento de saber si la Suprema Corte está dispuesta a defender a los mexicanos o si permitirá que la tecnodictadura avance sobre nuestros derechos.
Millones de mexicanos ya tomamos nuestra decisión: permaneceremos firmes y fieles. No entregaremos nuestra libertad para recuperar aquello que siempre nos perteneció.
Ahora le corresponde a la Suprema Corte cumplir con su obligación histórica: detener esta ejecución digital, devolverles la voz a los ciudadanos y echar a la basura el registro de celulares. Porque cuando el poder pretende vigilarlo todo, resistir deja de ser una opción: se convierte en un deber.
Francisco Sánchez Villegas
Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo.
Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad.
Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil.
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