No vengo a agradar, pero tampoco vengo a agredir.
No escribo para descalificar a la presidenta Claudia Sheinbaum como persona. Escribo porque gobernar México exige mucho más que pronunciar un discurso ordenado, presentar cifras favorables y confiar en que la repetición termine convirtiéndose en realidad.
Después de escuchar el informe presidencial, me quedó una sensación difícil de ignorar: el gobierno federal describe un país que millones de mexicanos no reconocemos.
En el México del informe, la violencia disminuye, la economía avanza, los programas sociales transforman vidas y las instituciones funcionan. En el México cotidiano, las familias siguen buscando desaparecidos, los comerciantes modifican sus horarios por miedo, los pacientes recorren hospitales para conseguir medicamentos y millones de personas trabajan sin seguridad social ni certeza sobre el día siguiente.
El problema no es solamente que existan dos versiones del país. El problema es que desde el poder parece haberse decidido que únicamente una merece ser contada. Una cifra puede ser correcta y, al mismo tiempo, contar una historia incompleta.
Se puede hablar de reducción de homicidios sin explicar por qué tantas comunidades continúan viviendo bajo el control del miedo. Se pueden presumir empleos sin mencionar cuántos carecen de prestaciones. Se pueden anunciar hospitales sin preguntar si tienen médicos, camas y medicamentos. Se puede celebrar la inversión mientras empresarios y trabajadores enfrentan incertidumbre, extorsiones y reglas que cambian según las necesidades políticas del momento.
Gobernar mediante estadísticas cuidadosamente seleccionadas no transforma la realidad. Solamente facilita la construcción de propaganda.
También preocupa la manera en que el gobierno federal entiende el poder. Durante años se criticó la concentración de decisiones, la falta de contrapesos y la subordinación de las instituciones. Hoy esas mismas prácticas se presentan como necesarias siempre que las realice el movimiento gobernante.
Los organismos autónomos se vuelven incómodos cuando vigilan. Los jueces se convierten en adversarios cuando contradicen. Los medios son acusados de conspirar cuando preguntan. La oposición es descalificada antes de ser escuchada y cualquier crítica termina clasificada como nostalgia por el pasado.
Así, la transformación prometida corre el riesgo de convertirse únicamente en un cambio de propietarios del poder.
Un gobierno verdaderamente seguro de sus resultados no necesita debilitar contrapesos, controlar la conversación ni dividir permanentemente al país entre leales y enemigos. Tampoco necesita responder cada cuestionamiento recordando lo que hicieron quienes gobernaron antes.
Después de varios años en el poder, culpar al pasado dejó de ser una explicación. Se ha convertido en una forma de evitar responsabilidades.
Desde Ciudad Juárez, las omisiones del informe se sienten todavía más profundas.
Somos una frontera estratégica para México, pero con frecuencia recibimos del gobierno federal más discursos que soluciones. Aquí sabemos que las decisiones nacionales tienen consecuencias inmediatas: una política migratoria improvisada presiona nuestros albergues y servicios; la incertidumbre comercial pone en riesgo empleos; la falta de coordinación en seguridad deja solas a comunidades enteras, y el abandono de la infraestructura limita el desarrollo de una ciudad que aporta mucho más de lo que recibe.
Juárez aparece en los discursos cuando conviene hablar de exportaciones, empleo o relación con Estados Unidos. Sin embargo, desaparece cuando llega el momento de distribuir recursos, atender rezagos y asumir responsabilidades.
La frontera no necesita visitas ceremoniales ni promesas recicladas. Necesita inversión, seguridad, infraestructura, atención a la movilidad y una política migratoria que no descargue sobre los municipios obligaciones que corresponden a la Federación.
No cuestiono al gobierno porque desee que fracase. Lo cuestiono porque las consecuencias de sus errores no las pagan quienes preparan los informes. Las pagan las familias que no encuentran medicinas, los pequeños negocios que cierran, los jóvenes que abandonan sus comunidades y quienes aprenden a vivir con miedo.
La presidenta tiene derecho a presentar sus resultados. Los ciudadanos tenemos derecho a contrastarlos con nuestra propia realidad. Un informe no debería ser un acto de celebración del poder, sino un ejercicio de rendición de cuentas. No debería decirnos únicamente qué salió bien, sino explicar qué fracasó, quién asumirá la responsabilidad y cómo piensa corregirse.
México no necesita un gobierno que se declare satisfecho consigo mismo. Necesita uno capaz de escuchar aquello que no aparece en sus gráficas.
No vengo a agradar, pero tampoco vengo a agredir.
Vengo a decir que el país no puede gobernarse desde una versión cuidadosamente editada de la realidad. Que ninguna mayoría vuelve innecesarios los contrapesos. Que ningún programa social sustituye a la seguridad, la salud, el empleo digno y el respeto a las instituciones.
Y que, mientras el México del informe siga siendo distinto al México que vivimos, todavía quedará mucho por explicar, corregir y resolver.
Josué Urrutia
Especialista en estrategia política y asuntos públicos. Su experiencia abarca comunicación institucional, vinculación con distintos sectores y coordinación de proyectos en el ámbito gubernamental, partidista y de la sociedad civil.
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