El FBI llevó a cabo un registro aprobado por un tribunal el 8 de agosto en la finca de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, y se incautaron más de 11.000 documentos, entre ellos un centenar marcados como clasificados.

El empleado, que trabajaba en Mar-a-Lago, estuvo colaborando con el Departamento de Justicia y ha sido entrevistado en múltiples ocasiones por agentes federales, informó el periódico, citando a personas familiarizadas con la situación. El testimonio negó inicialmente haber manejado documentos sensibles, y en posteriores conversaciones con los agentes admitió haber movido cajas a petición de Trump, informó el periódico.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Un vocero de Trump dijo que la administración del presidente estadounidense Joe Biden había “armado a las fuerzas del orden”.

“A todos los demás presidentes se les ha dado tiempo y deferencia con respecto a la administración de los documentos, ya que el presidente tiene la última autoridad para categorizar los registros y qué materiales deben ser clasificados”, dijo el portavoz de Trump, Taylor Budowich, al periódico.

Budowich acusó al Departamento de Justicia de filtrar “información engañosa y falsa” a los medios de comunicación.

La investigación de los documentos es uno de las varios problemas legales a los que se enfrenta Trump mientras considera si se presentará de nuevo a las elecciones presidenciales en 2024.