Harris, elegida por el presidente Joe Biden para hacer frente a la gestión migratoria, agradeció al presidente López Obrador en esa primera charla por su cooperación en cuestiones migratorias, según indicó entonces la Casa Blanca.

Las gestiones de ambos países buscan soluciones para revertir la situación en la frontera sur que divide a ambas naciones, hasta donde siguen llegando inmigrantes de la región en el afán de escapar a las crisis que no resuelven sus gobiernos.

El doctor en estudios latinoamericanos e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez, opinó que el encuentro será en seguimiento a la participación del presidente López Obrador en la cumbre sobre el Cambio Climático, ante el desacuerdo del gobierno de Estados Unidos con la propuesta mexicana de ampliar el programa Sembrado Vida a Centroamérica, con benéficos migratorios posteriores.

Consideró que corresponde al gobierno mexicano regular los flujos migratorios en territorio nacional y combatir el tráfico de personas con una estrategia de seguridad que al mismo tiempo respete los derechos humanos.

El profesor, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, estimó que los 4.000 millones de dólares que anunció el presidente Biden invertirá en Centroamérica son insuficientes.

“Ahí hay que hacer un plan Marshall como el que Estados Unidos hizo en Europa, no 4.000 millones de dólares y luego una cosa que tiene razón el presidente Biden es que no quiere darle el dinero a los gobiernos porque hay mucha corrupción en Centroamérica, es muy escandalosa la corrupción, y si se la dan a los funcionarios y gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador ese dinero ni siquiera llegar a los destinatarios finales y se queda en manos corruptas y Sembrando Vida no va a ningún lado”, comentó el experto.

El Plan Marshall -oficialmente llamado European Recovery Program (ERP)- fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a reconstruir países de Europa Occidental que quedaron devastados tras la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses dieron ayudas económicas por valor de unos 12.000 millones de dólares. La iniciativa duró cuatro años a partir de 1948.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, confió en que haya avances en beneficio de la comunidad migrante.

“Y lo que esperamos es un efectivo redoblamiento de los esfuerzos para garantizar que a las personas migrantes y refugiadas les serán respetados sus derechos humanos, que ninguna persona menor será recluida en centros de detención, que se buscarán métodos de colaboración con los países de origen para intentar atender las causas estructurales que obligan a las personas a salir de sus países”, dijo  Guevara-Rosas.

Explicó además que se espera que se modifique la relación que ha tenido Estados Unidos con los países de la región, que no sea de chantaje y que se deje de obligar a México “a cumplir un rol nefasto que es el de oficial de deportación de los Estados Unidos” con la militarización de la frontera sur.