Nueva York, Virginia y Massachusetts recibirán en conjunto unos 811 millones de dólares de una empresa que asiste a migrantes, tras el fallo de un juez federal que le exigió indemnizaciones y le impuso sanciones por sacar provecho económico con fianzas y falsas expectativas de migrantes detenidos.
Estados Unidos (VOA) – Una empresa que presta servicios para migrantes recluidos en centros de detención federales fue condenada el martes a pagar más de 811 millones de dólares en concepto de indemnizaciones y sanciones en una demanda en la que se le acusó de utilizar prácticas engañosas y abusivas.
Nexus Services deberá pagar unos 231 millones de dólares como restitución, así como multas por valor de 13,8 millones de dólares a Nueva York; 7,1 millones de dólares a Virginia y 3,4 millones de dólares a Massachusetts, según una sentencia presentada ante el tribunal federal del distrito oeste de Virginia en Harrisonburg.
La empresa, con sede en Virginia, su filial Libre by Nexus, y sus tres ejecutivos también deberán pagar más de 111 millones de dólares cada uno en concepto de sanciones civiles.
“Esta decisión es un triunfo para miles de familias migrantes que perdieron los ahorros de una vida y se volvieron el blanco y la presa de Libre”, declaró la fiscal general de Nueva York Letitia James. “Libre se aprovechó de migrantes vulnerables y de sus familias para llenarse los bolsillos, y eso es ilegal e inadmisible”.
James se sumó a los fiscales generales de los estados de Virginia y Massachusetts y a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos en una demanda de 2021 que acusó a la empresa de infringir las leyes estatales y federales de protección del consumidor.
Los funcionarios dijeron que la empresa prometió garantizar la liberación bajo fianza de los migrantes mientras se tramitaban sus solicitudes de inmigración, pero ocultó y tergiversó la verdadera naturaleza y los costos de sus servicios. Dijeron que la empresa cobró miles de dólares en honorarios por encima del valor nominal de las fianzas y obligó a los migrantes a llevar dolorosas tobilleras localizadoras.
La jueza federal de distrito Elizabeth Dillon evidenció en su decisión que la empresa no es un agente de fianzas autorizado ni una compañía garante certificada por el Departamento del Tesoro, sino una “proveedora de servicios que funciona como intermediaria entre los migrantes detenidos, los garantes y sus agentes de fianzas”.
La empresa dijo en un comunicado que tiene la intención de apelar la sentencia, calificándola de “desviación escandalosa de la jurisprudencia estadounidense normal”, ya que se decidió “sin pruebas, sin un juicio y sin una audiencia por daños y perjuicios”.
“Seguimos comprometidos con el servicio a nuestros clientes: personas que sufren y se sacrifican por una vida mejor, y que no merecen ser peones políticos en una legislatura o un tribunal estadounidenses”, añadió la empresa.
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