Los demandantes dijeron en la sesión la mañana de este lunes que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y su brazo operativo el Servicio de Inmigración y Control de Adunas, ICE, no han hecho lo suficiente para mejorar las condiciones de los migrantes detenidos.

Durante la pandemia de Covid-19 los aproximados 200 centros de detención en todo el país se convirtieron en los lugares de mayor riesgo para contagio por el virus y en las instalaciones se registraron decenas de focos de contagio, cientos de enfermos e incluso se tiene registros de al menos 21 fallecidos  a los que no se les dio atención médica suficiente para hacer frente a la enfermedad.

Una investigación realizada por The New York Times publicada en abril reciente comparó las tasas de contagio estimadas durante la pandemia en los centros de detención de ICE y descubrió que estas eran cinco veces mayor que la de otras cárceles regulares y hasta 20 veces mayor que los contagios de la población en general.

Aunque los focos de infección no golpearon por igual a todos los centros a lo largo y ancho del país, sino que se experimentaron mayores brotes en los centros aledaños a la frontera sur en Texas y California, puntualiza la investigación.

Durante la audiencia del 180 período de sesiones de la  la CIDH, Catherine Culliton-González designada por el presidente Joe Biden como oficial de Derechos Civiles y Libertades (CRCL) del DHS, dijo que todos los cambios que ha anunciado la agencia federal son producto de una profunda evaluación sobre las prácticas de ICE en los centros de detención.

Culliton–González agregó que su oficina está trabajando de manera directa en las recomendaciones que se hacen a DHS para las sucesivas medidas que ha tomado la administración a modo de flexibilizar algunas normas para mejorar las condiciones de los detenidos.

También señaló que las órdenes del secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorkas son claras pues en sus memorandos ha dejado claro que “no vamos a tolerar maltratos de ningún tipo o violación de derechos civiles en los centros de detención” para los inmigrantes bajo control de ICE.

El titular de DHS ordenó el cierre de dos centros de detención en abril reciente, uno en Massachusetts y otro en Georgia, comentó la funcionaria, al reunir preocupantes reportes sobre serias violaciones a derechos civiles que se habían experimentado en esos centros, algunos que atentaron contra la salud de migrantes, y por lo que se ventilan casos en cortes por demandas colectivas.

Hasta la fecha la funcionaria calculó que unos 5.000 migrantes detenidos ya habrían sido vacunados contra Covid-19 aunque es difícil especificar cifras porque la población de estos centros se caracteriza por una constante movilidad dada la condición de los mismos.

La demandantes de Project South y Georgia Detention Watch adujeron que de fondo persiste el problema que las detenciones de inmigrantes están concedidas a una empresa privada que se lucra de mantener en prisión a personas que han ingresado de manera irregular al país. “Cuando es una falta mínima que no amerita cárcel”, defendió Estaré Ghandihari.

Esto sin ahondar en la situación de los miles de niños y menores de edad detenidos en los centros de acogida del Departamento de Salud y Servicios Humanos apuntaron las demandantes.

Por su parte los relatores de la CIDH expusieron y cuestionaron a las partes  sobre las preocupaciones alrededor del tema especialmente cuando se informa de la veintena de fallecidos por Covid-19.

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, dijo que la CIDH mantiene una observación constante sobre el tema de los migrantes y las medidas mismas que asume el estado.

CIDH valora positiva cancelación de MPP

La CIDH expresó desde Washington en un comunicado por separado, antes de la audiencia, que valora como positiva la decisión de DHS de dar por terminados los Protocolos de Protección del Migrante (MPP), más conocidos en la jerga migratoria como “Quédate en México”.

“A través de sus distintos mecanismos de monitoreo, la Comisión viene observando los efectos en los derechos humanos de la implementación de políticas migratorias que, durante los últimos años, buscarían disuadir los movimientos irregulares hacia los Estados Unidos. Ello, a través de la adopción de medidas tendientes a la securitización y externalización de las fronteras”, acotó la CIDH en su comunicado.

También rechaza las medidas implementadas por la administración anterior de Estados Unidos que apostaron por “la política de tolerancia cero, así como a la criminalización de quienes se desplazan fuera de los puntos de ingreso regular al territorio”, señaló.

Con el paso dado por el DHS, la Comisión mira como positivo y pide a Estados Unidos trabajar para adoptar políticas migratorias, leyes y medidas de gestión de la frontera en las que se respete y garanticen los derechos humanos de los migrantes, refugiados y con necesidades de protección.