La presidenta Sheinbaum reconoció la voluntad de Maru Campos, aunque persisten tensiones por la sequía en la región.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes que el estado de Chihuahua ha mostrado disposición para colaborar con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, en medio de una creciente presión por parte del gobierno de Estados Unidos para saldar el adeudo pendiente por el uso compartido de aguas del Río Bravo.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha expresado su voluntad de apoyar a la Federación, aunque sin comprometer el abasto para la población y el campo chihuahuense.
México enfrenta un rezago en la entrega de agua correspondiente al actual ciclo quinquenal del tratado, agravado por las condiciones de sequía extrema que han afectado severamente la región norte del país.
De acuerdo con estimaciones mencionadas por funcionarios estadounidenses, el adeudo ronda los 987 millones de metros cúbicos, lo que ha generado tensiones diplomáticas y preocupación en sectores agrícolas de ambos lados de la frontera, especialmente en Texas, donde se ha exigido una entrega inmediata del volumen faltante.
La presidenta Sheinbaum anunció que este mismo lunes se celebrará una reunión virtual con autoridades de Estados Unidos, en la que participarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Agricultura estadounidense.
El objetivo, dijo, es revisar los volúmenes disponibles, así como las capacidades técnicas de conducción del agua hacia el Río Bravo, con el fin de cumplir el tratado sin poner en riesgo el consumo humano ni el uso agrícola en México.
Pese al reconocimiento de la voluntad política de los gobiernos estatales involucrados —Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, la mandataria federal dejó claro que cualquier solución debe garantizar primero el derecho humano al agua y la sostenibilidad del recurso en las comunidades mexicanas.
“Estoy convencida que llegaremos a un acuerdo para beneficio de ambos países”, declaró.
Por su parte, la gobernadora Maru Campos ha sostenido en distintas ocasiones que, si bien Chihuahua no se niega a colaborar, las condiciones actuales del estado hacen inviable entregar agua al país vecino sin afectar a sus habitantes.
La mandataria ha reiterado que, ante la escasez de lluvias y los bajos niveles en presas, el gobierno estatal priorizará el abasto para consumo humano y la actividad agrícola local.
Aun así, Campos ha expresado su apertura al diálogo con el gobierno federal para explorar alternativas técnicas y diplomáticas que permitan cumplir con el tratado sin comprometer la viabilidad del campo chihuahuense.
Este escenario se da en un contexto especialmente sensible para la región, donde el agua se ha convertido en un recurso estratégico cada vez más disputado.
El antecedente de 2020, cuando se registraron protestas y confrontaciones por la apertura de presas para cumplir con el mismo tratado, sigue presente en la memoria colectiva de comunidades rurales y organizaciones agrícolas.
Por ello, autoridades estatales y federales han enfatizado la importancia de encontrar un equilibrio entre los compromisos internacionales y las necesidades internas del país.
La postura de Chihuahua refleja una tensión común en los estados fronterizos: colaborar con el cumplimiento del tratado, pero sin sacrificar el bienestar de sus comunidades.
La evolución de las negociaciones en los próximos días podría definir no sólo el manejo del agua en la región, sino también la relación bilateral en un tema tan delicado como el acceso y distribución de un recurso vital.
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