Colectivo Mujeres Libres y Soberanas condena que la Corte imponga el aborto hasta los nueve meses sin considerar la voluntad ciudadana.
Ciudad de México, 31 de enero de 2025 (ADN/Staff) – El colectivo Mujeres Libres y Soberanas rechazó la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenaliza el aborto hasta los nueve meses de gestación en Chihuahua.
Según la organización, el fallo equivale a una imposición judicial que atenta contra la vida y los derechos de los no nacidos.
Pilar Vázquez Calva, vocera del colectivo, calificó la decisión como una forma de violencia contra las mujeres y los concebidos no nacidos.
En su declaración, señaló que el aborto coloca a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y desamparo, mientras que exime de responsabilidad a los progenitores.
Además, criticó que la SCJN haya creado lo que denominó un “derecho ficticio” a la autonomía reproductiva, el cual, según su postura, no está reconocido en tratados internacionales ni en la Constitución.
Paulina Mendoza Castillo, también vocera del colectivo, argumentó que la decisión de la SCJN viola el artículo 6° de la Constitución del Estado de Chihuahua, que protege la vida desde la concepción.
Asimismo, sostuvo que el fallo ignora el pacto federal contenido en el artículo 40 de la Constitución Mexicana, al impedir que un estado soberano legisle en materia de derechos fundamentales.
En su opinión, la Corte actúa como un poder dictatorial al imponer esta medida sin pasar por el Congreso local.
El colectivo también criticó el uso de términos como “persona gestante” en los fallos de la SCJN, argumentando que esto contribuye a la eliminación del concepto de mujer en el ámbito legal y social.
Mendoza Castillo aseguró que la ciencia genética demuestra que el no nacido es un ser humano distinto de la madre desde el momento de la concepción, y que su derecho a la vida debe ser protegido por el Estado.
Finalmente, Mujeres Libres y Soberanas hizo un llamado a los ministros de la SCJN para que sus decisiones se basen en principios jurídicos y científicos, y no en lo que calificaron como “ideologías disfrazadas de derechos”.
Afirmaron que continuarán denunciando lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales y promoviendo acciones en defensa de la vida y la familia.
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