El exgobernador de Baja California fue capturado en Ensenada; la Fiscalía lo vincula con una red que habría causado daños fiscales superiores a 4 mil millones de pesos.
Ciudad de México (ADN/Staff).– La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de la que calificó como la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada hasta ahora en México, una estructura que presuntamente introducía combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas en aduanas, utilizaba carros-tanque de ferrocarril para su traslado y operaba una compleja red financiera para ocultar los recursos obtenidos.
Como parte de la operación fueron libradas 25 órdenes de aprehensión, de las cuales ya fueron cumplimentadas cinco, entre ellas la de Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, identificado por la Fiscalía como fundador de una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, que habría servido como punto de partida para la estructura investigada.
“La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones.”
De acuerdo con la investigación, el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas y era introducido al país mediante un esquema de subdeclaración en aduanas. Las empresas involucradas reportaban únicamente alrededor de 10 mil litros por carro-tanque, cuando la capacidad real alcanzaba hasta 110 mil litros, lo que permitía evadir el pago de impuestos y los controles regulatorios.
La FGR explicó que el combustible ingresaba principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, para posteriormente ser distribuido en entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas, donde era descargado en espuelas ferroviarias y trasladado en pipas y tractocamiones pertenecientes a diversas empresas, sin contar con las autorizaciones correspondientes del sector energético.
La investigación documentó la utilización de 162 carros-tanque de ferrocarril, así como la omisión en la declaración de 15 millones 299 mil 830 litros de combustible, lo que derivó en un presunto daño fiscal de 106.8 millones de pesos únicamente por concepto de IVA e IEPS en los cargamentos analizados.
Sin embargo, el alcance del caso es considerablemente mayor. Entre enero y julio de 2025, la Fiscalía detectó que la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación, cuyo análisis permitió estimar un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública por la introducción irregular de combustibles y la evasión de contribuciones federales.
Las indagatorias también revelaron una compleja estructura financiera utilizada para administrar los recursos obtenidos mediante estas operaciones.
La FGR identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Según la investigación, las cuentas presentaban un patrón característico de las llamadas “cuentas puente”, en las que los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato para dificultar el rastreo de su origen y de los beneficiarios finales.
Asimismo, la autoridad detectó diferencias significativas entre los permisos de importación y los volúmenes efectivamente introducidos al país. En algunos casos, las empresas habrían importado más de diez veces el volumen autorizado de diésel y más de tres veces y media el permitido de gasolina regular.
Como resultado de las primeras acciones operativas, la Fiscalía aseguró uno de los principales centros de operación de la organización y localizó decenas de carros-tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí, además de generar una afectación económica estimada en 32.8 millones de pesos para la estructura criminal.
Las órdenes de captura fueron ejecutadas y continúan desarrollándose en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco, donde la investigación también involucra a socios de empresas, operadores logísticos y servidores públicos, entre ellos agentes aduanales y personal autorizado.
“Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias.”
La FGR informó que las investigaciones continúan y que la información sobre la situación jurídica de las personas involucradas será dada a conocer conforme avancen las distintas etapas del proceso penal. Asimismo, destacó que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 han sido vinculadas a proceso 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustibles que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
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