Doce personas fueron detenidas tras operativo conjunto entre autoridades federales y estatales.
Reynosa, Tamaulipas (ADN/Staff) – En una acción coordinada entre instancias federales y estatales, fue desarticulada una célula criminal dedicada a la extorsión telefónica que operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, Tamaulipas, informó este lunes 1 de diciembre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Como parte del operativo se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 12 personas presuntamente vinculadas a este grupo.
La operación se enmarca dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y fue ejecutada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
De acuerdo con los reportes oficiales, la célula criminal operaba desde el penal de Reynosa, desde donde realizaban llamadas extorsivas principalmente a adolescentes y adultos mayores del municipio de Matamoros. Para ello utilizaban más de 80 líneas telefónicas y más de 70 cuentas bancarias a través de las cuales recibían los depósitos exigidos a sus víctimas.
Las autoridades lograron ejecutar órdenes de aprehensión por reclusión contra 12 personas identificadas como César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M” y Juan Francisco “R”. Además, a Eduardo “G” se le cumplimentó una orden adicional por el delito de extorsión.
Los detenidos fueron informados de sus derechos al momento de su aprehensión y quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes se encargarán de determinar su situación legal conforme a lo que dicte el debido proceso.
El Gobierno Federal y las instituciones participantes reafirmaron su compromiso de continuar combatiendo la extorsión y otros delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de las familias mexicanas. Además, reiteraron que no habrá tolerancia ni impunidad en los casos en los que se compruebe la participación de personas privadas de la libertad en actividades delictivas desde el interior de los centros penitenciarios.
Este operativo se suma a los esfuerzos por fortalecer la vigilancia en los penales estatales y federales, y por desmantelar redes delictivas que utilizan la tecnología para cometer fraudes desde prisión, una problemática que ha crecido en los últimos años y que ahora se combate con acciones de inteligencia y coordinación entre niveles de gobierno.
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