Graciela Domínguez fue designada gobernadora interina hasta 2027; Rocha volvió al cargo por unas horas antes de solicitar otra licencia y las pesquisas federales siguen abiertas.
Culiacán, Sinaloa (ADN/Staff) – La breve reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa terminó convertida en una salida política prácticamente definitiva: tras retomar el cargo después de más de tres meses de licencia, permaneció apenas unas horas en funciones antes de solicitar nuevamente separarse por tiempo indefinido, mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con él y otros funcionarios sinaloenses.
El tema domina las portadas de este 25 de agosto: la recopilación nacional resume que Rocha ya no regresará, que habrá un gobierno interino hasta 2027 y que la FGR continúa investigándolo.
El Congreso de Sinaloa aprobó una nueva licencia de carácter indefinido y posteriormente designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, con la responsabilidad de conducir el Ejecutivo estatal hasta la renovación constitucional de 2027.
La secuencia política fue atípica. Rocha había retomado formalmente la gubernatura después de su primera licencia, pero su regreso generó rechazo dentro de Morena y desde el propio Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como imprudente su reincorporación mientras continuaban las investigaciones y señaló que la decisión no había sido consultada previamente con Palacio Nacional.
Rocha volvió a separarse del cargo poco después. Jurídicamente no fue destituido ni removido mediante juicio político: presentó una nueva solicitud de licencia y el Congreso la aprobó. La diferencia es relevante porque la salida política no equivale a una sanción penal ni constituye por sí misma una determinación de responsabilidad.
La FGR, por su parte, mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses. Hasta ahora no se ha informado públicamente que exista una sentencia, una vinculación a proceso en México o una resolución definitiva que determine responsabilidad penal del exgobernador.
Ese punto contradice cualquier interpretación de que la salida de Rocha haya cerrado el expediente. Licencia no significa exoneración, y el relevo en el gobierno estatal no modifica por sí mismo la situación de las investigaciones federales.
Tampoco está acreditado que la FGR haya ordenado su separación del cargo o que exista un acuerdo político para frenar las pesquisas. Lo comprobable hasta ahora es que la crisis política y la investigación avanzan por vías distintas: el Congreso resolvió la sucesión del Ejecutivo estatal, mientras la fiscalía mantiene abiertos sus expedientes.
La llegada de Graciela Domínguez cierra administrativamente una etapa de incertidumbre en Sinaloa, pero no elimina las preguntas sobre el origen de la crisis ni sobre el alcance de las investigaciones que involucran a Rocha y a otros personajes del aparato estatal.
La salida del exgobernador, por tanto, resuelve la conducción inmediata del estado, pero deja pendiente la cuestión central: qué elementos posee la FGR, qué delitos investiga y si alguno de esos expedientes terminará en imputaciones formales.
Con información de fuentes oficiales de Sinaloa
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