La presidenta confirmó que su equipo jurídico revisa acciones legales tras señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su equipo jurídico analiza una posible acción legal contra el empresario estadounidense Elon Musk, luego de que éste la acusara en la red social X de “obedecer a sus jefes de los cárteles de la droga”, en el contexto del operativo federal contra Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
El señalamiento surgió tras el despliegue de fuerzas federales contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales con mayor presencia territorial en el país. En un intercambio con usuarios de su plataforma, Musk escribió:
“Ella solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir. Digamos que el castigo de ellos por desobedecer es un poco peor que un plan de mejora de desempeño”.
La mandataria federal informó que el caso ya es revisado por el área jurídica del gobierno, aunque precisó que su prioridad es la defensa institucional del operativo y la veracidad de la información difundida por su administración.
“Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice la verdad, a mí lo que me importa es el pueblo”.
Sheinbaum rechazó categóricamente los señalamientos sobre la existencia de un “narco-gobierno”, calificándolos como absurdos y carentes de sustento. Sostuvo que la mayoría de la población respalda el trabajo de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad en la estrategia contra el crimen organizado.
El intercambio ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y mediática, donde la narrativa sobre la seguridad pública se ha convertido en un eje central del debate nacional. El CJNG ha sido identificado por autoridades nacionales e internacionales como una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor capacidad operativa, lo que coloca cualquier información relacionada con su dirigencia en el centro de atención pública.
En el plano jurídico, una eventual demanda implicaría analizar si los dichos del empresario constituyen difamación o daño moral bajo la legislación mexicana, así como los alcances de la jurisdicción internacional al tratarse de un ciudadano estadounidense que emitió declaraciones en una plataforma digital con alcance global.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha confirmado la presentación formal de una querella, pero el caso abre un nuevo frente en la relación entre actores políticos y figuras empresariales con influencia en el ecosistema digital internacional.
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