Ciudad Juárez, Chih. – La resolución emitida hoy por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es muy importante ya que permitirá al Ministerio Público de Chihuahua seguir investigando los 250 millones de pesos que fueron desviados del Gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI en la “Operación Safiro”, sin importar si los funcionarios involucrados fueron estatales o federales, informó el gobernador Javier Corral Jurado.
Queda por resolver si a Chihuahua se le reconoce su carácter de víctima y se le restituye como parte actora de la investigación y si se revoca el sobreseimiento del caso que indebidamente hizo un juez federal, el asunto regresará al estado de Chihuahua y “vamos hasta el fondo y hasta donde tope, y si topa en Peña Nieto, hasta Peña Nieto, iremos”, señaló.
Dijo que la resolución dictada hoy por la Suprema Corte cancela la suspensión que había sido dictada por el ministro Eduardo Medina Mora al admitir la Controversia Constitucional del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Explicó que la admisión de la demanda que se calificó como un ‘amparo buscador’, generó varios efectos de suspensión sobre las investigaciones, diligencias y todo tipo de actos que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua estaba llevando a cabo, en torno de los 250 millones de pesos que fueron desviados del Gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI.
Se trata del caso de Alejandro Gutiérrez y lo que se conoce como la ‘Operación Safiro’, este desvío multimillonario hacia campañas del PRI en el 2016 por varias entidades federativas, de las que Chihuahua documentó el modus operandi de estos desvíos.
El gobernador Javier Corral informó que tiene entendido que el propio ministro Eduardo Medina Mora, que forma parte de la Segunda Sala, votó a favor del dictamen presentado por el ministro Javier Laynez.
“Se trata de revocar los principales efectos de esta suspensión y ratificar, vamos a decir, lo que es de Perogrullo y lo que ya estaba establecido en la ley, desde hace mucho tiempo, que el Ministerio Público de Chihuahua, como de cualquier entidad federativa, puede investigar a funcionarios federales que cometan delitos locales”, señaló.
En torno a la situación de Enrique Peña Nieto, indicó el Gobernador que “ahora no tenemos ningún motivo de impugnación o elemento de impugnación al ex presidente de la República”.
Aunque añadió que “por supuesto, suponemos y creemos que toda esta desviación multimillonaria de recursos públicos contó con su autorización y con su aval. No se trasladan miles de millones de pesos por vía de entidades federativas, a través de empresas fantasmas, en contratos simulados hacia el PRI Nacional, sin la autorización del presidente de la República”.
Sin embargo, aclaró el gobernador que ese nivel de responsabilidad es lo que tendrán que determinar el conjunto de las investigaciones. “Con la resolución hoy de la Suprema Corte, se va a poder investigar a los presuntos responsables que aparezcan en la investigación de los hechos, sean funcionarios locales o federales”.
Agregó que “nosotros vamos al fondo de la investigación, del desvío multimillonario de la ‘Operación Safiro’, pero todavía queda un camino en La Corte que recorrer: la decisión a través de la ponencia de la ministra Irma Peña, si aceptan atraer o no los amparos que se han colocado en torno de esta investigación, que efectivamente se generaron, porque a Chihuahua le quitaron el carácter de víctima y luego trataron de sobreseer mediante exoneración el caso de los 250 millones”.
Si a Chihuahua se le reconoce su carácter de víctima y se le restituye como parte actora de esta investigación y por supuesto se revoca ese sobreseimiento que indebidamente hizo un juez federal, el asunto regresará al estado de Chihuahua y vamos hasta el fondo y hasta donde tope, y si topa en Peña Nieto, hasta Peña Nieto, iremos, finalizó.
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